Declaran constitucional reforma que aplaza elección judicial de 2027 a 2028
Por redacción
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que aplaza la elección judicial prevista para 2027 y la traslada al primer domingo de junio de 2028, luego de recibir el respaldo de 25 legislaturas estatales y de la Ciudad de México.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, informó que se cumplió con el requisito establecido en el artículo 135 de la Constitución, al haberse obtenido la aprobación de la mayoría de los congresos locales.
“Se declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial”, señaló la legisladora, al anunciar que el documento será remitido al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.
Previamente, la Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta de los votos favorables emitidos por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Entre los principales cambios aprobados destaca la modificación de la fecha de la próxima elección judicial, que originalmente se realizaría en 2027 de manera concurrente con el proceso electoral federal ordinario. Con la reforma, la jornada se celebrará hasta junio de 2028.
El decreto también establece nuevas reglas para la organización de los procesos de selección de candidaturas judiciales. Entre ellas, la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, la cual tendrá la responsabilidad de homologar criterios de evaluación, verificar requisitos constitucionales y supervisar los procesos de selección.
Asimismo, se reduce de diez a cuatro el número de personas que integrarán las listas preliminares de candidaturas y se establecen mecanismos para garantizar que los aspirantes cuenten con conocimientos técnicos, experiencia jurídica, buena fama pública y trayectoria profesional acreditada.
La reforma también otorga nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá organizar la división territorial de los circuitos judiciales y diseñar boletas en las que se identifique el poder postulante y, en su caso, a las personas juzgadoras en funciones que busquen mantenerse en el cargo.
En materia de participación ciudadana, el decreto dispone que los ejercicios de revocación de mandato se realicen el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional correspondiente, de manera concurrente con elecciones federales o locales cuando proceda.
Además, contempla modificaciones en la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al crear dos secciones para su operación, así como disposiciones que permitirán a magistradas y magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral competir por un nuevo periodo durante la elección federal de 2028.
Con la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Comisión Permanente, la reforma queda lista para su publicación oficial y posterior aplicación en los procesos electorales judiciales previstos para los próximos años.