De la Espriella endurece ofensiva contra grupos criminales; ELN acusa al Gobierno de violar el derecho internacional
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, profundizó este lunes su política de seguridad al anunciar que las organizaciones criminales que operan en el país serán enfrentadas bajo una misma denominación: “grupos terroristas”, mientras aumenta la confrontación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha acusado al nuevo Gobierno de violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) tras los primeros bombardeos contra esa guerrilla.
Durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, De La Espriella sostuvo que su administración dejará de establecer tratamientos diferenciados entre las distintas estructuras dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando.
“Aquí tenemos que dejar de tratar a estos bandidos de una manera diferente. Hay que tratarlos a todos bajo una sola denominación, que es la de grupos terroristas”, afirmó el mandatario.
El presidente argumentó que las distintas economías ilegales forman parte de una misma cadena criminal y señaló al narcotráfico como la principal fuente de financiación de las organizaciones armadas.
“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias”, sostuvo De La Espriella, quien aseguró que Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea deberán actuar coordinadamente contra estas estructuras.
La decisión representa otro paso en el giro de la política de seguridad colombiana tras la llegada del nuevo Gobierno, que ha abandonado el enfoque de negociación simultánea con organizaciones armadas impulsado durante la administración del expresidente Gustavo Petro y ha priorizado las operaciones militares, la persecución de las economías ilícitas y la recuperación del control territorial.
Escala confrontación con el ELN
La nueva doctrina se produce en medio de una creciente confrontación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.
Entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron la denominada Operación Beta en zonas rurales de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, considerada el primer bombardeo de la administración De La Espriella contra el ELN.
Según el Ministerio de Defensa, la operación dejó dos presuntos integrantes del ELN muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos, además de la incautación de armas, explosivos, drones y equipos de comunicaciones.
Las autoridades sostuvieron que el operativo fue planeado bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el DIH.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reportó que al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron heridos, además de registrarse desplazamientos hacia El Tarra, por lo que pidió verificar las consecuencias de la operación sobre las comunidades civiles.
ELN denuncia violación del Derecho Internacional Humanitario
Tras el ataque, el Frente de Guerra Nororiental del ELN rechazó la versión del Gobierno y sostuvo que la ofensiva afectó a comunidades campesinas.
La organización afirmó que la operación constituiría una “grave violación al Derecho Internacional Humanitario” y acusó a las Fuerzas Militares de haber causado daños en viviendas y heridas a civiles.
Estas afirmaciones corresponden a la versión del ELN y no han sido aceptadas por el Gobierno, que mantiene que la operación respetó las normas del DIH.
La guerrilla también vinculó la ofensiva con la cooperación de Colombia con Estados Unidos, asegurando que la estrategia militar responde a planes impulsados desde Washington.
A esas críticas se sumó posteriormente el Comando Central (COCE) del ELN, que acusó a De La Espriella de alinear la política de seguridad colombiana con Estados Unidos, cuestionó al nuevo Gobierno por considerar que actúa contra los intereses nacionales y elevó el tono de su confrontación política con la administración.
El choque entre ambas partes configura uno de los primeros grandes desafíos de seguridad para el nuevo Gobierno.
Mientras De La Espriella promete utilizar toda la capacidad constitucional del Estado contra las organizaciones criminales y sostiene que “todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, el ELN denuncia una escalada militar y advierte sobre una intensificación del conflicto.
El escenario anticipa una etapa de mayor confrontación militar en regiones como el Catatumbo, donde el ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones mantienen disputas por territorios, corredores del narcotráfico y economías ilícitas, con una población civil que continúa expuesta a desplazamientos, confinamientos y ataques.