Crisis en Bolivia: 15 días de bloqueos paralizan el país y exigen renuncia de Rodrigo Paz

Bolivia vive su crisis social y política más grave de 2026 después de 15 días consecutivos de bloqueos de carreteras y protestas masivas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumiera el cargo hace apenas seis meses.

Las protestas iniciaron con reclamos salariales y el aumento del precio de combustibles tras la eliminación de subvenciones, pero escalaron hasta convertirse en un movimiento nacional por la salida presidencial:

• Eliminación de subvenciones a combustibles: el diésel aumentó 163 por ciento reflejando "precios reales".
• Participación de múltiples sectores: sindicatos, maestros, mineros, campesinos y organizaciones afines a Evo Morales.

• Denuncias de golpe de Estado: el oficialismo y sectores cercanos al gobierno acusan a Evo Morales de orquestar un "plan macabro" para desestabilizar el país.
• Ley 1720: aunque Rodrigo Paz ya la derogó (permitía hipoteca de tierras indígenas), aún debe ser ratificada por el Parlamento.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno de Bolivia desplegó un operativo para despejar rutas y permitir el ingreso de combustible y oxígeno medicinal a La Paz y El Alto.

Y convocó a un "diálogo productivo" con organizaciones sociales para buscar acuerdos y disminuir la presión social, pero mantuvo que el conflicto debe resolverse "en el marco del orden constitucional".

Violencia y explosivos

La Policía boliviana advirtió sobre el uso de artefactos explosivos caseros pero mortales durante bloqueos:

• Ataque con explosivos contra vehículo de un fiscal en Tarija que investigaba narcotráfico.
• Mineros detonaron dinamita cerca del Palacio de Gobierno de La Paz durante las protestas, y destruyeron una puerta del Ministerio de Gobierno con una carga de dinamita.
• Enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas antimotines en La Paz.

Reacción internacional

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto rechazando "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático".

El presidente colombiano Gustavo Petro caracterizó la crisis como una "insurrección popular" y se ofreció para mediar en busca de una salida pacífica.

En respuesta, el gobierno boliviano calificó como "improcedente" cualquier interpretación externa que distorsione la naturaleza de los hechos.