Costa Rica declara “narcoterroristas” a seis cárteles mexicanos y endurece su ofensiva contra el crimen organizado
El gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado anunció la ampliación de su lista de organizaciones consideradas “narcoterroristas” para incluir a seis cárteles mexicanos y tres organizaciones colombianas, en una de las medidas más contundentes adoptadas por Costa Rica frente al avance del crimen organizado transnacional.
La declaratoria fue anunciada el miércoles 14 de octubre durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad construida dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Los seis grupos mexicanos señalados por Fernández son el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
La medida también alcanza a tres organizaciones colombianas: las disidencias de las FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Durante su discurso, Fernández aseguró que el país está dispuesto a emplear sus capacidades para impedir que estas organizaciones amplíen su presencia en territorio costarricense.
“Costa Rica está empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo”.
La mandataria presentó la decisión como parte de una estrategia más amplia destinada a combatir las redes internacionales dedicadas al narcotráfico, recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.
Una nueva prisión para el crimen organizado
El anuncio coincidió con la apertura del CACCO, una cárcel de máxima seguridad con capacidad para aproximadamente 5,100 personas privadas de libertad. El complejo fue concebido para mantener bajo condiciones de mayor aislamiento y vigilancia a integrantes de organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad.
El proyecto está inspirado parcialmente en el modelo penitenciario aplicado en El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele, particularmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno costarricense presenta la nueva instalación como uno de los pilares de su estrategia contra las estructuras criminales que operan dentro y fuera de las cárceles.
Costa Rica ha experimentado durante los últimos años un fuerte incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. Su ubicación entre Sudamérica, Norteamérica y las rutas marítimas hacia Europa ha convertido al país en un punto estratégico para el traslado internacional de cocaína, mientras organizaciones extranjeras han establecido alianzas con estructuras criminales locales.
Una política de seguridad cada vez más dura
La nueva declaratoria amplía una política iniciada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, quien había declarado organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbolá, Hamás y Ansar Allah.
La administración Fernández también ha colocado la cooperación internacional en el centro de su política de seguridad. La propia Presidencia costarricense ha señalado que considera prioritaria la coordinación con Estados Unidos y otros países contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La decisión de San José se produce además en un contexto regional en el que diferentes gobiernos han endurecido su tratamiento jurídico y político de los grandes cárteles latinoamericanos.