Contradicciones. Prevención. Por Ricardo Monreal Ávila
El psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt describe en su libro La generación ansiosa (2024) una paradoja que puede ayudarnos a entender qué ocurre con nuestras infancias y adolescencias. Por temor a los peligros del mundo exterior, muchas madres y padres optan por reducir la libertad de sus hijas e hijos para salir, jugar y explorar.
Al mismo tiempo, les entregan un dispositivo digital con el que se conectan a otro mundo sin tener herramientas que les permitan enfrentar los riesgos que este implica. Con sobreprotección en la vida cotidiana y desprotección en el entorno digital, crecen en condiciones que dificultan su autonomía. El juego libre, la convivencia y la posibilidad de resolver conflictos cara a cara cedieron terreno ante las pantallas y los contenidos.
Haidt denomina a esta transición como “el gran cableado de la infancia: del parque al smartphone”. Y con ella llegaron cuatro pérdidas fundamentales: menos juego presencial, alteraciones del sueño, atención fragmentada y, sobre todo, una dependencia creciente de la aprobación ajena.
Por ello, al saber de hechos lamentables ocurridos recientemente en escuelas mexicanas, como el de una secundaria en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, esa lectura adquiere actualidad y nos devuelve un reflejo incómodo de nuestra época.
Sería irresponsable explicar una tragedia de esta naturaleza con una sola causa o atribuirla únicamente al uso de la tecnología. Pero también lo sería ignorar el entorno en el que crecen las niñas, niños y adolescentes, con una convivencia cada vez más dependiente de pantallas, la atención sometida a estímulos constantes y una identidad que pareciera estar en función de los likes.
Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso importante. A partir de noviembre del presente año, entrará en vigor la restricción del uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias, con el propósito de recuperar la concentración en el aula, fortalecer el aprendizaje en papel y favorecer la convivencia directa.
Dicha medida se acompaña del decreto que obliga a las plataformas digitales a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos de riesgo, incluidos los discursos de odio y los materiales relacionados con la autolesión.
Ambas decisiones colocan la protección de este sector de la población en el centro de una discusión que durante demasiado tiempo avanzó más despacio que la tecnología. De ahí la urgencia de prevenir episodios como el de Torreón, que nos obligan a examinar los distintos factores que pueden intervenir en la violencia escolar, incluyendo el acceso sin orientación a dispositivos y redes capaces de amplificar conductas de riesgo.
Restringir el celular durante las clases no es un capricho ni una respuesta contra la tecnología. Del mismo modo, exigir responsabilidad a las plataformas implica dejar claro que la libertad digital no puede utilizarse como pretexto para aprovecharse de la vulnerabilidad infantil.
La presidenta de México abrió una ruta acertada; corresponde ahora al Congreso contribuir también para que estas medidas tengan continuidad y legalidad. La protección digital de nuestras niñas, niños y adolescentes necesita respaldo jurídico y capacidad efectiva de cumplimiento.
En ese sentido, el desafío tiene dos frentes. El primero consiste en lograr que las escuelas sean espacios donde las pantallas dejen de ocupar el centro de la experiencia cotidiana, y el juego, la conversación, la atención y el aprendizaje compartido recuperen su lugar.
El segundo consiste en construir un marco normativo que obligue a las plataformas a ofrecer entornos seguros, filtros eficaces y transparencia sobre el funcionamiento de sus algoritmos. No podemos pedir a las familias que enfrenten solas un problema de tal magnitud; la prevención debe llegar al salón de clases y también al ciberespacio.
La violencia escolar es una señal de alerta sobre las condiciones en que todas y todos estamos criando a las nuevas generaciones. Culpar solo a las familias o responsabilizar exclusivamente a las redes sociales no basta. Así como se han logrado establecer medidas para proteger a las y los menores del tabaco, el alcohol y los vapeadores, se requieren leyes que atiendan los riesgos de la adicción digital y de los contenidos que pueden poner en peligro su salud física y mental.
Prevenir va más allá de prohibir celulares en las escuelas; significa devolver a las infancias y adolescencias el derecho a jugar sin supervisión constante, descansar sin notificaciones, concentrarse sin interrupciones y construir una identidad que no dependa de la aprobación ajena. También significa crearles condiciones para que aprendan a convivir, hacer frente a frustraciones y resolver problemas en compañía de otras personas, no únicamente en la soledad y frente a una pantalla.
Se trata de contar con leyes para que las escuelas fortalezcan sus formas de convivencia y que las plataformas rindan cuentas. Solo mediante esa responsabilidad compartida podremos enfrentar la paradoja de Haidt y ofrecer a nuestras niñas, niños y adolescentes mejores condiciones para crecer con autonomía, seguridad y bienestar.
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