Contradicciones. Perú ante dos proyectos de país. Por Ricardo Monreal Ávila

En esta ocasión, continúo con mi reflexión acerca de los procesos electorales en América Latina con el foco en Perú. El 7 de junio pasado, 27.3 millones de personas peruanas estaban llamadas a votar en la segunda vuelta de la elección presidencial. Se estima que hubo cerca de 75 por ciento de participación. Dado que el voto es obligatorio, el nivel de ausentismo fue el más elevado que se ha registrado en los balotajes en Perú en los últimos 20 años.

En estas elecciones compitieron Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, de izquierda, y la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, después de obtener el mayor número de apoyos en la primera vuelta en abril, aunque ninguno superó entonces 18 por ciento de los sufragios emitidos.

Los proyectos en pugna se centran en diferentes prioridades con propuestas que contrastan. Fujimori, que compite por cuarta vez por la Presidencia, se enfoca en fortalecer el orden, la seguridad y el crecimiento económico, con la defensa de un modelo neoliberal.

Señala que la inseguridad ciudadana, la corrupción y la parálisis burocrática son los problemas más importantes del país. Para asegurar el orden público, propone establecer centros de comando y videovigilancia, utilizar inteligencia artificial para crear mapas del delito, la modernización de comisarías, la construcción de megacárceles e integrar un comando unificado contra el crimen. Para combatir la corrupción, plantea usar tecnología en compras públicas, publicar licitaciones y contratos en tiempo real, fortalecer a la Contraloría y prohibir contrataciones con empresas sancionadas.

Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Pedro Castillo y, en general, comparte su agenda. Ha construido su candidatura alrededor de la representación de sectores históricamente excluidos y la necesidad de reformar las estructuras políticas y económicas del país.

Prometió liberar a Castilo, por considerarlo víctima de un “complot golpista”, y “recuperar la patria”. Su campaña se enfocó en plantear respuestas para disminuir el malestar por la desigualdad territorial y fortalecer la presencia del Estado fuera de los grandes centros urbanos.

Busca que se formule una nueva Constitución, propone el reconocimiento de un Estado plurinacional, pugna por otorgar más poder a las regiones y se compromete con un cambio del modelo económico menos dependiente de la extracción de materias primas. Es de recordar que Perú es el segundo productor de cobre del mundo. La minería representa el 11 por ciento del PIB y el 67 por ciento de las exportaciones del país andino.

Al momento de escribir estas líneas, la votación registrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene un empate técnico entre los dos proyectos de país, uno conservador frente a otro de base progresista y mayoritariamente rural. Con el 98.28 por ciento del conteo, Fujimori va adelante con 50.004 por ciento de los votos frente a Sánchez, con 49.096 por ciento.

La diferencia es de poco más de mil sufragios. El conteo en el extranjero fue mayoritariamente en favor de Fujimori. Esta es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú con una mínima distancia entre los candidatos finalistas.

La inestabilidad es un signo de la política peruana. En los últimos diez años, ha habido ocho presidentes. Algunos salieron del cargo por procesos de vacancia votados en el Congreso, mientras que otros renunciaron ante la presión social o concluyeron su periodo de transición.

El sistema político de Perú es presidencialista, pero tiene un legislativo que puede determinar la salida del jefe del Ejecutivo por “incapacidad”. En este entorno, la fragmentación partidista y la falta de mayorías en el Legislativo ha obstaculizado que los presidentes puedan avanzar su agenda de gobierno.

El constante cambio en la jefatura del Ejecutivo y la percepción de que las élites están desconectadas de la ciudadanía han alimentado la desconfianza de la población en las instituciones públicas.

Datos recientes del Latinobarómetro indican que solo siete por ciento de las personas confían en el Poder Legislativo (el nivel más bajo de la región) y que nueve por ciento tienen una opinión favorable acerca de los partidos políticos. Asimismo, el apoyo explícito a la democracia cayó de 50 por ciento en 2023 al 44 por ciento en el 2024.

En las últimas décadas, la presencia electoral de la izquierda en Perú ha sido intermitente y su representación legislativa ha variado. Tras la victoria presidencial del exmilitar nacionalista Ollanta Humala en 2011, la coalición Gana Perú obtuvo 47 de los 130 escaños del Congreso, equivalente a 36.2 por ciento.

Después, esa representación se redujo. En 2016, el Frente Amplio consiguió 20 escaños y, en 2020, nueve. En 2021, Pedro Castillo llegó al poder con un proyecto progresista de base rural y magisterial. En la elección de ese año, las fuerzas de izquierda consiguieron 42 de 130 escaños.

En la Cámara de Diputados, que tomará posesión el 28 de julio próximo, se espera que el partido Juntos por el Perú tenga 32 de 130 escaños, es decir 24 por ciento, y junto con Ahora Nación podrá sumar 43 escaños. Entre tanto, la derecha tendrá 55 o 56 diputados, por la suma de asientos de Fuerza Popular y de Renovación Popular.

Asimismo, en el Senado recién reinstalado, el partido de Fujimori controlará 22 de los 60 asientos, lo cual podría ser suficiente para bloquear decisiones que requieren dos tercios de los votos de las y los legisladores, como una eventual suspensión, inhabilitación o destitución de altos funcionarios en un procedimiento de acusación constitucional.

El voto se dividió por regiones. Fujimori predominó entre el electorado urbano, tanto en Lima como en la costa. Su mejor desempeño fue en Lima Metropolitana (62.19 por ciento), donde residen 10.4 millones de habitantes, casi 30 por ciento de la población. También ganó la votación en algunas regiones amazónicas. En cambio, el sufragio a favor de Sánchez se concentró en zonas rurales, así como en los andes y en el sur del país, con mayor presencia en las áreas alejadas de Lima.

Sánchez pasó de tener 16.89 por ciento en primera vuelta a alrededor del 50 por ciento en el balotaje, un salto de más de 33 puntos porcentuales. Ese aumento en las preferencias se explica por varios factores, como el voto antifujimorista que volvió a activarse contra la candidata conservadora y la incorporación de las y los electores de centro.

Analistas notan que, durante la campaña, el representante de Juntos por el Perú transformó su discurso antisistema hacia uno más moderado, lo que también le sumó votos. Previo a las elecciones de segunda vuelta, aseguró que respetará la autonomía del banco central y el entorno legal que facilita las inversiones privadas.

La división en las preferencias electorales refleja distintas condiciones sociales y económicas, pero también diferencias en identidad, historia, cultura, expectativas, medios de trabajo y geografía. Se contraponen dos visiones de país. Voces expertas describen que “mientras unos buscan mantener el estado de las cosas, otros quieren cambios porque consideran que el crecimiento no se ha distribuido de manera equitativa”.

Por una parte, la población de Lima y de la costa urbana están más integradas al comercio, a los servicios y al empleo formal. La inseguridad y la extorsión son más visibles, por lo que el discurso de mano dura de Fujimori resonó más en estos lugares. En este punto parece haber coincidencia con recientes triunfos de candidatos de la derecha radical en otros países latinoamericanos que utilizan la narrativa del orden y la seguridad para atraer a la población descontenta. En San Isidro, el distrito más rico de Lima, Fujimori alcanzó el 84.19 por ciento de los votos.

Mientras tanto, en el sur y el centro andino de Perú, que son regiones con una cantidad considerable de simpatizantes de Sánchez, la composición indígena es elevada. Por ejemplo, en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica cerca de cuatro de cada cinco personas se autoidentifican como quechuas.

En las zonas en las que ganó el voto progresista tienden a presentarse niveles de pobreza superiores al promedio nacional y predominan las actividades campesinas. En Chumbivilcas, una provincia de Cusco con altos niveles de pobreza extrema, 94 por ciento del electorado votó por Sánchez.

En el campo, siete de cada 10 personas favorecieron a Juntos por el Perú. Asimismo, en el sur andino, la población prefiere una mayor participación del Estado y busca que se incrementen los beneficios de los recursos mineros para las regiones, lo que coincide con el proyecto de la izquierda.

Al momento de escribir este artículo, las autoridades están a punto de terminar el conteo. Los Jurados Electorales Especiales tienen pendiente la revisión de 1587 actas. Este número corresponde al 1.7 por ciento del total, pero con la contienda tan cerrada puede alterar el resultado.

Algunos analistas calculan que el proceso legal para definir al ganador puede tardar hasta un mes en concluir.

Cualquiera que sea el final, el siguiente jefe o jefa del Ejecutivo enfrentará un Congreso fragmentado, pero con facultades para declarar la vacancia de la Presidencia, como lo ha hecho muchas veces.

Será necesario forjar consensos entre los partidos para construir acuerdos en favor del bienestar general. Con el electorado dividido a la mitad, el diálogo entre diferentes fuerzas políticas es indispensable para atenuar la polarización social. En Perú, es posible que el péndulo se incline a la derecha. Estaremos atentos a los resultados.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista