Contradicciones. Nueva York bajo la administración Mamdani. (2 de 2). Por Ricardo Monreal Ávila
Reacciones a la plataforma de Mamdani.
Los críticos del proyecto de Mamdani provienen de distintos sectores que comparten la misma preocupación: que el nuevo régimen pueda dañar los incentivos que sostienen la inversión, el empleo, la oferta de vivienda y la base fiscal de la ciudad como consecuencia de las medidas propuestas o implementadas.
El argumento del capital financiero se centra en la posibilidad de mudar sus operaciones a otros estados. Nueva York compite con Florida, Texas, Londres, Singapur y otras grandes urbes por empresas, fortunas y sedes corporativas. Desde su perspectiva, gravar con mayor intensidad a los sectores con altos ingresos puede parecer justo en términos distributivos, pero riesgoso en términos de competitividad. Advierten que el capital que se siente castigado puede mudarse, reducir inversiones o trasladar empleos, lo que afectaría precisamente a los recursos que financiarían todas las propuestas de Mamdani.
Cuando se supo que Mamdani había ganado la elección, la reacción de sus opositores fue inmediata. Figuras del mundo financiero cuestionaron públicamente el mensaje fiscal del nuevo alcalde. Señalaron que, si bien Nueva York necesita recursos para atender su crisis de asequibilidad, también es cierto que depende de una economía altamente concentrada en contribuyentes, empresas y empleos de alto valor. La propuesta del impuesto pied-à-terre concentró esa tensión. Sus detractores lo leyeron como una señal punitiva contra los grandes patrimonios, capaz de desencadenar litigios, desalentar inversiones y empujar capital hacia otras jurisdicciones con menores cargas fiscales.
A esa reacción se sumó otro grupo de resistencia ante la propuesta de congelamiento de rentas: los propietarios de vivienda. Para ellos, la tenencia de vivienda en renta implica seguros, reparaciones, impuestos prediales, servicios, mantenimiento, nómina y financiamiento. Sostienen que, si las rentas no permiten cubrir todos los costos, aumenta el riesgo de deterioro acelerado del parque habitacional de arrendamiento.
La tercer figura de resistencia fue el presidente Donald Trump, quien durante la contienda calificó a Mamdani de “comunista” y advirtió que, si ganaba, sería improbable que Washington aportara recursos federales a la ciudad más allá del mínimo requerido por ley.[28] Después de darse a conocer el resultado de la elección, Trump criticó la propuesta del impuesto pied-à-terre y acusó a Mamdani de estar “destruyendo Nueva York” al impulsar una política de “tax, tax, tax” que, a su juicio, podía acelerar la salida de contribuyentes y debilitar las finanzas públicas de la ciudad.[29]
Finalmente, algunos centros de pensamiento conservador han dado forma doctrinaria a sus preocupaciones frente a la administración Mamdani. Su crítica sostiene que las tiendas municipales, el transporte gratuito, los aumentos salariales, los impuestos a altos ingresos y la regulación de rentas pueden ampliar burocracias y reducir incentivos privados. Para esta visión, el problema de Nueva York no es la falta de intervención pública, sino el exceso de trabas que encarecen construir, contratar y operar.
Más allá de una defensa del privilegio o del statu quo, estas reacciones pueden leerse como una advertencia sobre los límites materiales de cualquier proyecto municipal en una ciudad global. Mamdani gobierna una metrópoli donde la justicia social requiere de mayores ingresos públicos, pero estos dependen en buena medida de actores económicos que rechazan sentirse tratados como adversarios.
Algunos datos oficiales de la estructura fiscal neoyorquina contienen elementos que sustentan esta postura: en 2023 el 0.9% de los contribuyentes aportó el 37.6% del impuesto sobre la renta y este impuesto representó alrededor del 23% de los ingresos totales de la ciudad.
Esto significa que, en el impuesto sobre la renta, la ciudad depende de manera importante de una franja muy reducida de contribuyentes de altos ingresos y explica el choque político.
Mamdani sostiene que existe margen para pedir más a quienes concentran riqueza; sus críticos responden que, ante una base fiscal tan estrecha, se vuelve riesgoso cualquier movimiento que incentive la salida de contribuyentes, empresas o capitales.
Entre la promesa social y los límites del poder municipal
Una vez que hemos revisado la defensa de las dos posiciones, la responsabilidad analítica nos exige realizar un razonamiento objetivo. Como hombre de leyes y de Estado, he sostenido siempre que la política es, por definición, el arte de procesar las contradicciones de una sociedad para transformarlas en cauces de desarrollo compartido.
Ambas posturas, vistas desde sus respectivos paradigmas, esgrimen argumentos atendibles. Sin embargo, reducir la compleja relación entre la administración de la Gran Manzana y las fuerzas de Wall Street a una guerra de trincheras irreconciliable sería un diagnóstico incompleto y superficial.
La realidad política posee una densidad mayor que la retórica. El propio devenir de los acontecimientos en febrero de 2026 puso a prueba la relación de la alcaldía neoyorquina con el pacto federal norteamericano. Mamdani acudió a Washington para plantear directamente al presidente Donald Trump una ambiciosa inversión federal superior a los 21 mil millones de dólares destinada a un proyecto de un profundo sentido social para edificar 12 mil nuevas viviendas de carácter asequible.
Este episodio demuestra que las recurrentes amenazas de asfixia presupuestaria vertidas desde Washington tienen límites jurídicos porque el Congreso de los Estados Unidos es quien tiene la facultad exclusiva sobre el gasto público. Si bien la ciudad depende de miles de millones de dólares de la federación para financiar sus actividades, cualquier recorte discrecional por parte de la Casa Blanca podría ser exitosamente litigado en los tribunales.
No obstante, las advertencias de Washington tienen un impacto político. La sola sombra de un retraso administrativo, un condicionamiento o una disputa burocrática podrían introducir factores de alta incertidumbre presupuestal para la ciudad.
La madurez institucional y el pragmatismo estratégico encontraron una nueva expresión en mayo de 2026, cuando el alcalde Mamdani sostuvo encuentros directos con los capitanes del sector financiero en reuniones separadas que los propios participantes calificaron como constructivas.
Las conversaciones del alcalde con los directivos de JPMorgan y Goldman Sachs se centraron en vivienda asequible, inversión en pequeñas empresas y la importancia de invertir en políticas de apoyo familiar para retener a los mejores talentos en la ciudad.
Este gesto tuvo valor institucional porque revela con nitidez que el capital financiero no se evaporó del tablero ante el avance de la izquierda; en este caso se sentó a conversar y negociar. Y el gobierno local, por más firme que sea su vocación redistributiva, entendió que requiere preservar canales de confianza mutua para garantizar el empleo, la inversión productiva y la viabilidad de la propia recaudación fiscal.
La encrucijada neoyorquina dialoga con una visión que en México ha cobrado fuerza bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum: el desarrollo urbano requiere rectoría del Estado, planeación pública y prioridad por el bienestar colectivo. La vivienda no puede tratarse sólo como activo financiero; es condición de ciudadanía, arraigo y dignidad.
La coincidencia está en reconocer que el Estado debe intervenir cuando la especulación desplaza a quienes sostienen la vida cotidiana de una ciudad; la diferencia está en el instrumento fiscal. Mientras Mamdani busca mayores contribuciones de sectores de altos ingresos, la presidenta Sheinbaum ha mantenido su premisa de que ahora no es el momento de aumentar impuestos como primera vía. En cambio, su estrategia ha logrado una mayor recaudación mediante el combate a la evasión y la ampliación de la base de contribuyentes, a través de la formalización y agilización de cumplimientos tributarios.
En materia de vivienda asequible, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum también ha orientado su política hacia una mayor rectoría pública. La diferencia con el planteamiento de Mamdani está en los instrumentos y en la escala de gobierno. México impulsa una política nacional de edificación pública, crédito social, regularización y escrituración, sin enfrentar las restricciones que enfrenta la administración municipal de Nueva York.
También debe reconocerse, con objetividad, que los avances concretos de la administración Mamdani siguen siendo incipientes frente a la amplitud de su plataforma. Varias de sus propuestas centrales se encuentran en fase de negociación, diseño institucional o implementación parcial. Todavía no se observa la transformación plena.
El éxito de Mamdani, como el de cualquier proyecto progresista sometido a las presiones del mercado se medirá, ante todo, por su capacidad para sostener principios sin romper la estabilidad institucional; para redistribuir sin paralizar la inversión; para proteger a inquilinos sin deteriorar la vivienda existente; y para dialogar con actores políticos y económicos sin abdicar del mandato popular que lo llevó al gobierno.
Mi conclusión es clara: gobernar para quienes han sido desplazados de las oportunidades exige firmeza, pero también templanza. La política social necesita convicción; la administración pública exige prudencia. En esa combinación se definirá si Nueva York inaugura una nueva etapa de justicia social urbana o si su experimento quedará como una promesa atrapada entre la esperanza y la compleja maquinaria del desarrollo económico global.
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