Contradicciones. La latinidad bajo asedio en los EUA. Por Ricardo Monreal Ávila

En los EUA de hoy, la latinidad vuelve a quedar atrapada en un giro político que combina endurecimiento legal, operativos de control y señales simbólicas que convierten rasgos ordinarios (como hablar español, tener acento, trabajar en ciertos oficios o vivir en determinados barrios) en marcas de sospecha. Esto ha derivado en un clima de miedo donde la pertenencia latina parece volverse un factor de persecución y es un clima que se proyecta en la vida cotidiana.

Podemos observar diferentes “frentes” que acechan la identidad latina. En primer término, el relanzamiento del paradigma de “máxima seguridad” o “tolerancia cero” como principio rector. La orden ejecutiva Protecting the American People Against Invasion instala una lógica de acción que orilla a las agencias gubernamentales a revertir lineamientos previos, intensificar la ejecución de órdenes de remoción, y elevar la prioridad civil y penal de la agenda migratoria.

Además, ordena la creación de las Homeland Security Task Forces en todos los estados, ampliando su coordinación operativa y alcance territorial. En términos sociales, esta arquitectura permite que el control migratorio se “mueva” de la frontera a los espacios ordinarios.

Para las comunidades latinas, el mensaje implícito es corrosivo en tanto que la vida cotidiana se vuelve un problema permanente. Actividades tan normales como ir a trabajar, recoger a los niños del colegio, asistir a la Iglesia o simplemente caminar por la ciudad pasan a ser escenarios de riesgo de detención, lo que orilla a que todas estas comunidades realicen su día a día bajo el umbral más bajo de exposición pública.

Un segundo frente es la consolidación de prácticas de perfilamiento que colocan a la identidad latina en el centro de la sospecha. La idea de que una detención puede apoyarse en una mezcla de factores donde aparecen como elementos relevantes la apariencia étnica, hablar español o inglés con acento resulta terrible.

La controversia por los operativos en el sur de California, Chicago y otros estados, así como la decisión de la Suprema Corte de permitir que, por el momento, continúen las detenciones apoyadas en estos elementos expone con mayor rigor la vulnerabilidad latina.

Bajo este esquema no hace falta que la persona haya cometido ninguna irregularidad; basta con encajar en el perfil latino para actualizar esa sospecha de criminal, invasor, narcotraficante y otros tantos adjetivos deleznables con los que, tristemente, se ha identificado desde el poder a este grupo poblacional. De hecho, existe evidencia de que en la mayor parte de los casos (un 74.2 por ciento), las personas detenidas en instalaciones migratorias no tienen antecedentes penales.

Un tercer frente es la reducción de visas humanitarias que habían operado como mecanismos de orden y protección, y cuyo desmantelamiento incrementa la precariedad legal en comunidades donde las redes familiares y laborales están entrelazadas.

En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional informó que comenzó a enviar notificaciones de terminación a personas beneficiarias del programa de parole CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), señalando además la revocación inmediata de autorizaciones laborales y exhortando a salir del país.

Un cuarto frente (de amplio significado) es el intento de reconfigurar la ciudadanía por nacimiento mediante la orden Protecting the Meaning and Value of American Citizenship. La medida busca negar el reconocimiento de ciudadanía a personas nacidas en Estados Unidos en ciertos supuestos vinculados al estatus migratorio de sus padres, y ordena ajustar políticas y guías para su aplicación.

Incluso si su destino jurídico está atravesado por litigios y límites constitucionales, el impacto simbólico ha sido inmediato, pues instala una idea perturbadora en la narrativa. En comunidades latinas, donde son comunes los hogares de estatus mixto, el mensaje se percibe como advertencia: la ciudadanía, y con ella la seguridad de estar “protegido”, puede cuestionarse y modificarse en cualquier momento.

Otro frente, aunque vinculado con los anteriores, es el del idioma. La orden ejecutiva del 1 de marzo de 2025 que designa el inglés como idioma oficial a nivel federal revoca, además, la orden que desde 2000 impulsaba el acceso a servicios para personas con dominio limitado del inglés.

Aunque no prohíbe por sí misma otros idiomas, su potencia está en la señal que transmite, el idioma diverso al inglés se transforma en una sospecha de pertenencia ajena. En un clima polarizado, como el actual, esa señal puede habilitar casos de hostilidad.

Finalmente, todo lo anterior se amplifica con un marco retórico oficial que asocia migración con criminalidad y que, por extensión, empuja a ver a poblaciones latinas como “peligro” antes que como parte del país (la idea de la “invasión”). En mensajes públicos, la administración ha presentado deportaciones y operativos como una campaña para remover “asesinos, violadores y traficantes” y ha difundido listas de arrestos bajo esa narrativa.

Ese lenguaje vuelve socialmente “razonable” sospechar de quienes “parecen” pertenecer al grupo construido como amenaza. Y cuando la sospecha se vuelve sentido común, el daño ya no depende de una orden concreta, se vuelve un clima. Este panorama no solo lastima a quienes lo padecen, sino que empobrece al país entero, porque erosiona la confianza básica que hace posible vivir juntos.

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