Contradicciones. Enemigo silencioso. Por Ricardo Monreal Ávila
En la novela La muerte de Artemio Cruz (1962), Carlos Fuentes retrata a un hombre al final de su vida, quien, entre recuerdos y delirios, rememora una existencia marcada por pactos ilegales, ambiciones y renuncias.
Más allá de un personaje, se trata de la metáfora del poder político y económico que se pudre desde dentro, porque se sostiene en alianzas corruptas. Cada favor recibido tiene un precio y cada pacto se convierte en una cadena. Al final, quien debería servir termina sirviéndose del poder.
Esta imagen resulta incómodamente actual cuando se piensa en autoridades que dan entrada a grupos delincuenciales. Lo que inicialmente puede parecer apoyo para una campaña se convierte en una deuda que se recauda con cobro de piso, protección, impunidad e incluso con el control de la obra pública.
Cuando la delincuencia logra instalarse dentro de un Gobierno municipal, la autoridad deja de responder a la ciudadanía y obedece a intereses criminales. El costo lo termina pagando la propia gente, con miedo, violencia y pérdida de confianza.
El caso reciente de Juchitán, en el estado de Oaxaca, con la detención del alcalde por una orden de aprehensión relacionada con los delitos de extorsión y vínculos con una célula de un grupo delincuencial, constituye un ejemplo de lo anterior.
Las investigaciones apuntan a nexos con una estructura criminal dedicada a la extorsión, al cobro de piso, tráfico de personas y homicidio.
También se investiga el uso de cámaras de vigilancia para alertar a criminales sobre la presencia de corporaciones de seguridad; recursos públicos desviados para comprar armas, y redes de transporte usadas para el narcomenudeo.
La Fiscalía de Oaxaca solicitó posteriormente la vinculación a proceso del funcionario. Pero más allá de las responsabilidades que deberán determinar quiénes juzguen el caso, este deja una lección que no puede ni debe ignorarse: la delincuencia organizada busca controlar calles y territorios, pero también infiltrar instituciones.
Cuando esto ocurre, el miedo deja de estar únicamente en las amenazas que recibe un comerciante o una familia y se instala en la relación cotidiana entre la ciudadanía y el gobierno.
Por otro lado, la fragilidad municipal es parte de un problema estructural, pues los municipios representan el primer contacto de la población con la autoridad, pero con frecuencia también son los espacios con mayores limitaciones de recursos, capacidades y protección institucional.
Esta vulnerabilidad es conocida por los grupos criminales, que intentan aprovecharla para infiltrarse. Por eso, combatir la extorsión sigue exigiendo, además de los operativos, el fortalecimiento de las instituciones locales y un marco legal nacional que cierre los espacios de impunidad.
Durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la extorsión ha dejado de ser entendida como un problema aislado para convertirse en una prioridad que requiere una respuesta nacional. Para ello, se dio un paso importante con la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, misma que aprobamos en el Congreso.
Lo ocurrido en Juchitán también muestra la importancia del trabajo coordinado de las instancias de seguridad. Además, se inmovilizaron recursos y fueron bloqueadas cuentas relacionadas con la investigación.
Esto es muy importante, porque la extorsión también es un negocio; hay dinero detrás de las cuotas, del cobro de piso, de la protección y de las redes criminales. De ahí que cortarles esos recursos sea uno de los elementos indispensables para debilitarlas.
El reto sigue existiendo, ya que la extorsión cambia de forma, aprovecha nuevas tecnologías y encuentra oportunidades donde las instituciones son débiles. Y los municipios, como señalamos, están particularmente expuestos.
Por ello, es necesario fortalecer sus capacidades, proteger a sus autoridades y personas servidoras públicas, además de cerrar cualquier posibilidad de que el crimen convierta al poder municipal en instrumento de sus intereses.
La presidenta también ha apostado por la reconstrucción del tejido social. El apoyo a pequeños negocios, los créditos accesibles y el acompañamiento comunitario han ayudado a reducir la vulnerabilidad económica que los grupos criminales aprovechan para controlar a comerciantes, trabajadores y familias.
El enemigo silencioso es la extorsión, porque, además de dinero, roba la libertad, la tranquilidad y la confianza. Juchitán nos recuerda que esta batalla se libra también en el mercado, en los negocios, en la comunidad y en cada municipio donde una persona tiene derecho a trabajar sin amenazas.
Cuando una autoridad es infiltrada por la delincuencia, el daño permea a toda la sociedad. Pero también hay una respuesta: instituciones coordinadas, leyes que permiten actuar de oficio, inteligencia financiera, policías y fiscalías con mayores capacidades y gobiernos municipales capaces de resistir la presión.
La seguridad se construye ahí, en donde la gente vive y trabaja. Y el objetivo es que ningún municipio tenga que elegir entre obedecer al miedo o confiar en su autoridad. Que el Estado vuelva a ser, siempre, la institución que protege y no la que se encuentra del otro lado de la amenaza.
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