Contradicciones. Cuba: Reformar para sostener el sistema socialista. Por Ricardo Monreal Ávila
Ningún sistema político o económico es inmutable, sino que cambia según las circunstancias de su tiempo. En el caso cubano, la presión externa y el deterioro económico han llevado al Gobierno a plantear una serie de reformas con un doble propósito: dar continuidad al proyecto socialista y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones de bienestar para la población.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que “la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario es… cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”.
Cuba atraviesa una severa crisis económica, probablemente la más complicada desde el Periodo Especial posterior a la caída de la Unión Soviética en los años noventa. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, hubo una contracción económica drástica, empujada sobre todo por el cierre del turismo. Después de una débil recuperación, la isla volvió a tener tasas negativas de crecimiento.
Actualmente, la mayoría de los sectores económicos están en declive, sobre todo la industria azucarera, la pesca y la agricultura, aunque también la manufactura, la minería, el comercio, la electricidad y el gas.
Aunque la inflación se moderó después de 2021, sigue en niveles elevados, en casi 16 por ciento anual en mayo de 2026. A la par de los costos impuestos por el embargo económico de Estados Unidos, las autoridades reconocen que también hay algunos obstáculos internos, como errores de gestión y dificultades para incorporar de forma ordenada a los actores no estatales.
El sistema eléctrico cubano enfrenta un deterioro severo. En mayo, el ministro de Energía, Vicente de la O. Levy, reconoció que el país se había quedado sin reservas de diésel y combustóleo, y que la red estaba en estado crítico. El funcionario señaló que había apagones de más de 20 horas en diversas zonas de La Habana.
Esta situación afecta el transporte, la distribución de alimentos, la recolección de basura, los servicios públicos, el turismo y la actividad productiva. También hay escasez de agua y afectaciones en el campo. En respuesta, el Gobierno ha priorizado el combustible para servicios esenciales como salud, educación, agricultura, defensa y abasto de agua, mientras limita el transporte.
Desde enero de 2025, Estados Unidos ha adoptado, de nueva cuenta, una política de máxima presión sobre Cuba, tras volver a incluir a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo que elevó los riesgos para bancos, inversionistas y empresas que operan con La Habana.
Washington también reimpuso restricciones a transacciones con entidades vinculadas al Estado y sanciones al sector militar cubano. El presidente Donald Trump emitió una orden para imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
En paralelo, continúa el embargo que limita distintas áreas de la economía. A la presión económica de décadas se suma una narrativa política confrontativa, que presenta al Gobierno cubano como “una amenaza” a los intereses estadounidenses.
En este contexto de presión externa y restricciones internas, el 18 de junio la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de 176 medidas organizadas en 23 ejes para ampliar el espacio de los actores económicos no estatales.
Entre los cambios centrales están permitir que empresas privadas importen y exporten sin intermediación estatal, ampliar su capacidad de contratación, autorizar entidades financieras no estatales, incentivar la inversión de cubanos residentes en el exterior y avanzar hacia una mayor autonomía empresarial y local.
La reforma introduce cambios amplios sobre propiedad y gestión. Las empresas públicas podrán transformarse en sociedades en las que el Estado defina su participación por sector y mantenga mayoría en áreas estratégicas.
Además, se prevén mecanismos de quiebra, liquidación y reestructuración; venta de propiedades estatales a personas o entidades nacionales y extranjeras; desarrollo inmobiliario privado y ampliación del usufructo agrícola a tiempo indeterminado.
Las medidas contemplan la reducción gradual de subsidios generalizados, una protección social más focalizada, el aumento del salario mínimo estatal, la importación y comercialización privada de combustibles, un mercado digital de divisas y ajustes tributarios.
El Gobierno cubano señaló que las medidas proponen una “transformación profunda” para enfrentar una coyuntura excepcional. El primer ministro Manuel Marrero sostuvo que las reformas buscan que el Estado abandone progresivamente la distribución física de recursos y dé mayor participación a las señales del mercado, sin renunciar a la planificación socialista.
Por su parte, el presidente Díaz-Canel enmarcó el viraje en la idea de “cambiar lo que haya que cambiar”, sin abandonar el socialismo ni la conducción del Partido Comunista.
En comparación con reformas anteriores, esta tiene un mayor alcance. En 2021, Cuba legalizó las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), un paso importante porque reconoció formalmente a negocios privados con personalidad jurídica, pero se enmarcó todavía en un entorno controlado.
Después, en 2024, ante el deterioro fiscal y energético, el Gobierno anunció recortes de subsidios y aumentó precios de combustibles y tarifas. En marzo pasado, las autoridades comunicaron que la diáspora cubana podría invertir, regresar y participar en negocios privados en la isla.
La aprobación de las reformas ha generado diferentes reacciones, que van del escepticismo a la esperanza. Hay un debate sobre si estas medidas representan una corrección acotada frente a la crisis o son el inicio de un cambio estructural del modelo.
Marta Deus, empresaria cubana radicada en La Habana, opina que la dirección es adecuada, pero no está segura de los tiempos y las condiciones de implementación.
En una línea similar, el economista Carmelo Mesa-Lago considera que, aun bajo la presión estadounidense, una apertura inspirada en experiencias como Vietnam o China puede mejorar parcialmente la economía cubana. Su argumento es que Vietnam inició reformas agrícolas cuando aún enfrentaba un bloqueo de Estados Unidos, lo que muestra que es posible una transformación gradual si hay coherencia interna.
Daniel Torralbas, economista cubano con residencia en Londres, sostiene que las reformas proponen cambios drásticos, ya que por primera vez podrían autorizarse grandes empresas privadas, la propiedad simultánea de varias compañías y la inversión extranjera directa en negocios no estatales.
Todavía son inciertos los efectos sociales que tendrán estas reformas, sobre todo en términos de equidad. En este sentido, Rafael Hernández, director de la revista Temas, reconoce que la apertura puede aumentar la desigualdad, pero plantea que ese costo podría ser aceptable si permite reducir la pobreza.
El principal riesgo distributivo, según la economista cubana Tamarys Bahamonde, es que la apertura genere nuevas oportunidades para quienes ya cuentan con capital, acceso a divisas, crédito o redes en el exterior, sin traducirse de inmediato en mejoras para los hogares más vulnerables.
Queda pendiente definir cómo se implementarán los cambios. El ajuste normativo será considerable, ya que más de 148 disposiciones deberán modificarse, derogarse o complementarse, además de que será necesario elaborar nuevas normas de rango superior.[24] También deberá aprobarse un calendario público detallado de los siguientes pasos.
Como lo he expresado en otras ocasiones, mi posición es de apoyo al pueblo cubano.
Desde la izquierda mexicana, hago votos para que estas reformas contribuyan a preservar los valores sociales que han dado sentido a la experiencia cubana: la igualdad, la justicia distributiva, la salud y la educación públicas, la protección de los sectores vulnerables y la convicción de que el Estado debe garantizar los derechos básicos de las personas. El desafío será que la apertura económica contribuya a sostener esos valores con mejoras concretas para la vida cotidiana.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista