Contradicciones. Ceuta: Una crisis migratoria en la frontera entre España y Marruecos. Por Ricardo Monreal Ávila
Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, ciudad española situada en el norte de África. Algunas lo hicieron nadando y otras rodearon las barreras costeras que marcan la frontera. El Ministerio del Interior español estimó la cifra en unas 72,000 personas.
Las llegadas ocurrieron en pocas horas y superaron la capacidad de los cuerpos de seguridad y de los servicios locales.
Hasta el 4 de agosto, el Gobierno español reportó al menos 75 personas fallecidas. La mayoría de quienes cruzaron eran ciudadanos marroquíes, aunque también había personas procedentes de otros países africanos. Muchos eran jóvenes en busca de empleo.
Esta crisis se produce en un momento en que varios países de Europa y América del Norte han reforzado sus políticas migratorias y de asilo.[4] A mi juicio, la seguridad fronteriza y el respeto a los derechos de las personas migrantes deben avanzar de manera conjunta.
El reto consiste en administrar la movilidad de manera segura, ordenada y regular, garantizando la revisión individual de los casos y el respeto al principio de no devolución. Ese enfoque coincide con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que plantea una gestión migratoria basada en la cooperación entre Estados, la soberanía, los derechos humanos y la reducción de riesgos para las personas.
En materia de asilo, el derecho a solicitar protección no significa que toda petición deba ser aceptada, pero sí exige procedimientos claros para quienes puedan enfrentar persecución o riesgos graves en su país de origen.
Ceuta y la relación de España con Marruecos
Ceuta es una ciudad española situada en la costa norte de África, frente al estrecho de Gibraltar y junto a la frontera con Marruecos. Está separada de la península ibérica por unos 20 kilómetros de mar, tiene cerca de 19 kilómetros cuadrados de superficie y alrededor de 85,000 habitantes.
Ceuta y Melilla albergan las dos únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África. Marruecos mantiene una reivindicación histórica sobre estas ciudades, mientras que España sostiene que forman parte integral de su territorio nacional.
Ceuta es una ciudad autónoma, pero el Gobierno español conserva las competencias en seguridad fronteriza, extranjería, asilo, defensa y política exterior. Entrar en esta ciudad no permite un traslado automático a la península, ya que los viajes hacia otros puntos de España están sujetos a controles documentales y fronterizos.
España y Marruecos mantienen una relación compleja. Después de la normalización de vínculos diplomáticos en 2022, ambos gobiernos fortalecieron la cooperación en seguridad, migración y comercio, al tiempo que gestionan desacuerdos en torno a Ceuta, Melilla y el Sahara Occidental. Al 1 de enero de 2025, residían en España 968,999 personas de nacionalidad marroquí, el grupo extranjero más numeroso del país.
¿Cómo se produjo la crisis?
Durante la semana anterior al 30 de julio aumentaron los intentos de entrada a Ceuta por mar. En esos días llegaron unas 1,500 personas por vía marítima. Ante el aumento de las llegadas y la presión sobre los servicios locales, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió apoyo al Gobierno central. El jueves 30, miles de personas se reunieron en las zonas marroquíes próximas a la frontera. Los primeros grupos rodearon las barreras costeras y después se multiplicaron las entradas por la playa y otros puntos de la costa.
Para el 4 de agosto, el Gobierno español informó que unas 70,000 personas habían regresado a Marruecos. Algunos migrantes dijeron que regresaron porque no encontraron alojamiento o comida suficiente en Ceuta. Otros señalaron que habían recibido mensajes según los cuales tendrían alojamiento en un centro español o podrían continuar hacia la península, pero al comprobar que ninguna de esas opciones estaba disponible, decidieron volver.
Los centros de acogida quedaron saturados y miles de personas pasaron la noche en playas, calles y espacios públicos. Más de 1,000 requirieron atención médica. Según cálculos oficiales, al 4 de agosto permanecían 2,000 personas en Ceuta, entre ellas alrededor de 1,000 menores no acompañados. El Gobierno español estableció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para su atención.
Las distintas explicaciones
No existe hasta ahora una explicación única sobre lo ocurrido. Intervinieron factores jurídicos, informativos, sociales y diplomáticos. Uno de los primeros aspectos a considerar es cómo se difundió una sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio.
El fallo estableció que las personas que llegaran a Ceuta por mar no podían ser devueltas de inmediato mediante el mismo procedimiento aplicado a quienes intentan cruzar las vallas fronterizas.
En esos casos, las autoridades debían identificarlas, abrir un expediente administrativo, informarles de sus derechos y determinar si deseaban solicitar protección internacional antes de resolver su permanencia o devolución. La sentencia no otorgó un derecho automático a permanecer en España, pero sí impidió un retorno inmediato sin revisión individual.
En redes sociales se difundió que quienes llegaran por mar no serían devueltos. También circularon videos que afirmaban que la frontera estaba abierta y que era posible entrar sin documentos. Hasta ahora no se ha identificado con certeza quién inició o coordinó esa difusión.
Respecto a las causas de fondo, los testimonios recogidos entre jóvenes marroquíes señalan escasez de empleo estable, dificultades para continuar los estudios y una percepción extendida de falta de oportunidades. Algunos ya habían intentado migrar antes de esta crisis o llevaban tiempo considerando salir del país.
El ritmo de crecimiento de sectores como el turismo, la industria y la infraestructura no siempre se ha traducido en empleos duraderos para la población joven. El Banco Mundial señala que, durante la última década, la población en edad de trabajar creció más de 10%, mientras el empleo aumentó sólo 1.5%.
La actuación inicial de las autoridades marroquíes generó dudas. Según información publicada en medios españoles con base en fuentes de inteligencia, Rabat no habría organizado la movilización, aunque pudo haber permitido su desarrollo y utilizado posteriormente la crisis como instrumento de presión.
Marruecos rechaza esa interpretación y atribuye las entradas a la difusión de mensajes falsos, redes de tráfico ilícito de migrantes y condiciones sociales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó responsabilizar a Rabat y destacó su cooperación posterior.
El contexto diplomático también puede haber influido. La soberanía del Sahara Occidental sigue en disputa: Marruecos lo considera parte de su territorio, mientras el Frente Polisario reclama su independencia y cuenta con el respaldo de Argelia. España administró la antigua colonia hasta 1975 y mantiene relaciones tanto con Rabat como con Argel, por lo que sus decisiones sobre este tema suelen tener efectos en ambos frentes.
Ese conflicto ya había afectado antes la cooperación migratoria entre España y Marruecos. En mayo de 2021, después de que España autorizara la hospitalización de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario, Marruecos relajó los controles fronterizos y más de 8,000 personas entraron en Ceuta, lo que provocó una de las crisis bilaterales más graves de los últimos años.
En 2026, dos hechos volvieron a generar incomodidad en Rabat: la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia y el avance en el Congreso de una iniciativa para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos durante la administración española y a sus descendientes. Algunas voces expertas consideran que ambos factores pudieron influir en la actitud inicial de las autoridades marroquíes, aunque no existe confirmación oficial de que la menor vigilancia haya sido una represalia.
La respuesta de España y la Unión Europea
El Gobierno español reforzó la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y desplegó unidades militares para apoyar el control. Marruecos reforzó la presencia de agentes en su lado de la frontera, frenó nuevas salidas y recibió a decenas de miles de personas que regresaron.
La crisis abrió además una discusión entre gobiernos europeos. Italia anunció controles temporales para viajeros procedentes de España y promovió una reunión urgente de ministros del Interior de la Unión Europea. Dinamarca cuestionó las políticas españolas y pidió valorar una posible suspensión de España del espacio Schengen. El Gobierno español respondió que la integridad de este espacio no estaba en riesgo porque Ceuta no forma parte de ese sistema de libre circulación.
La Comisión Europea respaldó la gestión de España y Marruecos y descartó una relación directa entre el reciente proceso de regularización y la entrada masiva en Ceuta. En la reunión extraordinaria del 4 de agosto, los ministros del Interior expresaron su respaldo a España y acordaron reforzar las fronteras exteriores, los retornos, los sistemas de alerta temprana y la cooperación con Marruecos y otros países de origen y tránsito. La propuesta de suspender a España del espacio Schengen no obtuvo respaldo.
Algunas reflexiones
La crisis de Ceuta fue contenida, pero las condiciones que impulsaron la movilización siguen presentes. Persisten la falta de oportunidades, la desinformación y la fragilidad de la cooperación fronteriza. En redes sociales circulan mensajes sobre un posible nuevo intento de entrada el 15 de agosto, aunque no está claro quién los impulsa ni si tendrán capacidad de convocatoria.
México conoce la migración como país de origen, tránsito, destino y retorno. Esa experiencia muestra que la gestión fronteriza debe acompañarse de protección a las personas, vías regulares de movilidad, cooperación entre países y atención a las causas que obligan a las personas a migrar.
El episodio de Ceuta muestra los límites de una respuesta basada sólo en medidas de emergencia. Una política migratoria sostenible requiere instituciones preparadas para atender emergencias, tramitar solicitudes de protección y ofrecer alternativas a las rutas irregulares.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista