Contradicciones. Acuerdo. Por Ricardo Monreal Ávila
En medio de un mundo que se sacude por tensiones comerciales y guerras de precios, México empieza a trazar una ruta distinta, la del acuerdo, pero no como debilidad, sino como fuerza organizada. El anuncio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el impulso a la industria del acero es, en ese sentido, una señal de rumbo.
Durante años se nos dijo que lo mejor era comprar afuera, depender de otros, abrir la puerta sin condiciones. Hoy se plantea algo distinto: si en México se produce, en México se consume. Parece una idea simple, pero encierra una transformación profunda.
Eso significa que la obra pública —carreteras, trenes, vivienda, hospitales— dejará de ser únicamente infraestructura, para convertirse también en motor económico interno. El acero ya no será tan solo un insumo, sino que se transformará en empleo, inversión y soberanía.
El Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana versa sobre entender que la economía también es territorio; que cada tonelada de acero nacional que sustituye una importación es un paso hacia la independencia productiva, y que, en un contexto donde potencias como Estados Unidos imponen aranceles o redefinen reglas a conveniencia, México no puede quedarse cruzado de brazos esperando condiciones favorables.
Además, el efecto no se mantiene en las acerías. Se extiende a toda la cadena (transporte, construcción, manufactura). Esto se llama efecto multiplicador, pero en la vida cotidiana se traduce en más trabajo, más circulación de dinero y más oportunidades. Cuando el acero se produce aquí y se utiliza aquí, el beneficio también se queda aquí.
El Acuerdo manda además otro mensaje, uno que incomoda a ciertos sectores: que la colaboración entre Gobierno y empresas es posible y necesaria, pero bajo nuevas reglas. Ya no se trata de privilegios ni de pactos en lo oscurito; se trata de coincidencias públicas, de objetivos compartidos y de beneficios tangibles para el pueblo.
En paralelo, decisiones como el tope al precio del diésel refuerzan esta lógica. Son medidas que forman parte de una visión en la que el Estado interviene para equilibrar, para evitar abusos y para proteger la economía familiar sin frenar la actividad productiva. Es, en pocas palabras, gobernar con sentido común.
El Acuerdo no resolverá todo de un día para otro —ninguna política lo hace—, pero sí marca un antes y un después en la manera de entender el desarrollo, apostando por lo propio, fortaleciendo lo interno y dejando de asumir que el destino económico del país depende siempre de factores externos.
Al final, la palabra clave es esa, acuerdo. En tiempos de incertidumbre global, la mejor respuesta es la coordinación, no el aislamiento. Y cuando esa coordinación se pone al servicio del pueblo, deja de ser discurso para convertirse en realidad.
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