Colombia: De La Espriella denuncia presunto saqueo y millonarias irregularidades del gobierno de Gustavo Petro
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó formalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría el denominado “Libro Blanco” o “Libro de la Verdad”, un documento que reúne los resultados del proceso de transición gubernamental y contiene información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración anterior.
La entrega se realizó este martes en el búnker de la Fiscalía, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
Según explicó el mandatario, el documento fue elaborado bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el periodo comprendido entre las elecciones presidenciales del 21 de junio y la posesión del nuevo Gobierno, el pasado 7 de agosto.
“Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde”, afirmó De La Espriella.
El presidente subrayó que corresponde exclusivamente a los organismos competentes determinar si los hechos consignados en el documento configuran responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
También aseguró respetar la autonomía constitucional de esas instituciones y la presunción de inocencia de las personas que eventualmente puedan quedar vinculadas a investigaciones.
“No me corresponde, señora Fiscal, declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna. Esa función le pertenece exclusivamente a la Administración de Justicia y al Ministerio Público”, señaló, dirigiéndose a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.
Gobierno promete “cero tolerancia” contra la corrupción
De La Espriella sostuvo que la entrega del documento busca responder también a la demanda ciudadana de conocer qué ocurrió con los recursos públicos y establecer quiénes pudieron participar o beneficiarse de las presuntas irregularidades identificadas durante la transición.
“El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre”, expresó.
El jefe de Estado anunció además una política de “cero tolerancia” contra la corrupción y ordenó a ministros, directores y altos funcionarios revisar sus respectivas entidades para identificar posibles irregularidades, documentarlas y trasladarlas inmediatamente a los organismos competentes.
“Mi Gobierno será implacable contra la corrupción”, recalcó.
Como parte de esa estrategia, anunció la incorporación de inteligencia artificial, análisis avanzado de datos, sistemas de trazabilidad digital y otras herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la vigilancia sobre los recursos estatales.
“Quiero que cada peso pueda ser rastreado desde el mismo momento en que sale del tesoro hasta el instante en que cumple la finalidad para la cual fue destinado”, manifestó.
Según el mandatario, estos sistemas deberán servir para identificar tempranamente anomalías, sobrecostos, contrataciones sospechosas, concentraciones indebidas y patrones inusuales entre proveedores y diferentes dependencias públicas.
“No esperemos a que el daño esté hecho. La corrupción se combate antes, durante y después”, afirmó. “Robarle al Estado es robarle al ciudadano”.
Los señalamientos incluidos en el balance
Durante su intervención, De La Espriella presentó una serie de cifras relacionadas con entidades, programas y obligaciones del Estado que, según afirmó, fueron identificadas durante el proceso de transición.
Entre los principales señalamientos mencionó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde sostuvo que se habrían utilizado 856,000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y que se habría perdido el rastro de 1.3 billones de pesos.
También denunció la existencia de una presunta nómina paralela de alrededor de 900.000 contratos de prestación de servicios, situación que, de acuerdo con sus cifras, habría dejado un pasivo superior a 5 billones de pesos para las finanzas públicas.
En el caso de Air-e, empresa responsable del suministro de energía en parte de la región Caribe, el presidente habló de pérdidas por aproximadamente 2.5 billones de pesos.
Otro de los puntos expuestos fue la situación financiera del Ejército Nacional, cuyo presupuesto enfrentaría actualmente un déficit de 23 billones de pesos.
“Por cuenta de la paz total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército Nacional fue castigado presupuestalmente, y hoy tiene un déficit de 23 billones de pesos”, aseguró el mandatario.
Colombia Mayor e ICETEX
De La Espriella señaló igualmente dificultades financieras en el programa Colombia Mayor. Según afirmó, actualmente se requieren cerca de 630,000 millones de pesos mensuales para cumplir con sus compromisos.
“El programa Colombia Mayor está completamente desfinanciado. Se robaron ese dinero y hoy necesita para seguir funcionando cerca de 630,000 millones al mes para cumplir con los compromisos que tenemos como Estado con nuestros viejitos”, sostuvo.
En relación con el ICETEX, afirmó que la entidad sufrió un recorte presupuestal del 70 %, lo que habría dejado a más de 180,000 jóvenes sin subsidio a la tasa de interés de sus créditos educativos.
Cuestionamientos a las cifras de la Reforma Agraria
El presidente también cuestionó los resultados alcanzados por el anterior Gobierno en materia de Reforma Agraria.
De acuerdo con las cifras presentadas en su intervención, la administración anterior planteó la entrega de 1.5 millones de hectáreas, pero únicamente se habrían adjudicado algo más de 350,000 hectáreas, de las cuales alrededor de 98,000 contarían con registro pleno.
Las cifras y señalamientos expuestos por De La Espriella deberán ahora ser examinados por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, organismos encargados de determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar investigaciones y, eventualmente, establecer responsabilidades.
El mandatario insistió en que el “Libro Blanco” no debe convertirse en un instrumento de persecución política, sino en información disponible para que las instituciones actúen dentro de sus competencias.
“Mirar hacia adelante no significa olvidar. Gobernar para el porvenir no implica cerrar los ojos frente a lo que ocurrió, ni convertir el pasado en una zona de impunidad”, concluyó.