Cinco países de la Unión Europea negocian con Ruanda la creación de un centro de deportación para migrantes a partir de 2027
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos impulsan un proyecto para trasladar a territorio africano a personas sin derecho de residencia en Europa. La iniciativa se apoya en la nueva legislación migratoria europea, pero enfrenta cuestionamientos de organizaciones humanitarias y organismos internacionales.
Cinco países de la Unión Europea anunciaron una iniciativa conjunta con el Gobierno de Ruanda para establecer un centro de retorno de migrantes fuera del territorio comunitario, con la intención de comenzar los primeros traslados durante 2027.
El proyecto, presentado el 16 de noviembre en Viena, reúne a Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, cuyos gobiernos buscan desarrollar un nuevo mecanismo para ejecutar las expulsiones de ciudadanos extranjeros que carecen de autorización legal para permanecer en sus territorios.
La iniciativa representa uno de los primeros intentos de aplicar el nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea, que permite establecer acuerdos con terceros países para recibir a personas sujetas a decisiones de expulsión.
El comunicado conjunto del Gobierno ruandés señala que las partes están explorando una asociación que vaya más allá de la política migratoria y produzca beneficios compartidos.

¿Quiénes podrían ser enviados a Ruanda?
El centro estaría destinado a personas extranjeras que se encuentren irregularmente en alguno de los cinco países participantes y tengan una orden de retorno ejecutable.
La medida abarcaría, entre otros casos, a solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada mediante los procedimientos legales correspondientes y que tampoco dispongan de otro permiso de residencia.

Una de las condiciones principales es que su devolución directa al país de origen no pueda realizarse oportunamente, por ejemplo, debido a la falta de cooperación de las autoridades del país de nacionalidad.
Los documentos preparatorios establecen que los procedimientos migratorios y de protección internacional deben resolverse previamente en Europa.
En consecuencia, Ruanda no funcionaría como un territorio encargado de decidir las solicitudes de asilo pendientes.
Los menores no acompañados quedan expresamente excluidos del mecanismo.
Además, aunque diversos medios han mencionado un proyecto piloto de aproximadamente 100 a 200 personas, el Gobierno neerlandés precisó que la primera fase estará limitada a hombres solteros.

Un centro abierto con residencia, empleo y servicios sociales
El modelo presentado por los gobiernos europeos contempla que las personas trasladadas reciban una autorización para permanecer legalmente en Ruanda.
En lugar de ingresar necesariamente a un centro de detención permanente, serían alojadas inicialmente en una instalación temporal y abierta, desde la cual podrían incorporarse gradualmente a las comunidades locales.

Según la información del Gobierno de Países Bajos, el programa ofrecería acceso a educación, servicios de salud, mercado laboral y sistema judicial ruandés.
Las personas también conservarían la posibilidad de regresar voluntariamente a sus países de origen o desplazarse hacia otro Estado donde puedan ingresar y establecerse legalmente.
Los gobiernos participantes sostienen que este modelo permitiría ofrecer alternativas de integración a extranjeros que no pueden permanecer en Europa, al mismo tiempo que fortalecería la ejecución de las órdenes migratorias.
Sin embargo, siguen pendientes las garantías prácticas de alojamiento, empleo, seguridad y supervisión de los derechos de las personas trasladadas.

Una nueva legislación europea permite enviar migrantes a terceros países
La propuesta se apoya en el Reglamento de Retornos de la Unión Europea, que entró en vigor el 16 de octubre de 2026.
Esta normativa establece un marco jurídico para que los Estados miembros puedan acordar la recepción de personas en situación irregular con países que no pertenecen al bloque comunitario.
Su artículo 14 contempla los traslados hacia terceros países mediante acuerdos específicos, siempre que se respeten las obligaciones aplicables del derecho europeo e internacional.
Los cinco gobiernos pretenden convertirse en pioneros de este mecanismo.
Austria, representada en las negociaciones por el ministro del Interior Gerhard Karner, defendió la iniciativa como una herramienta para reducir la migración irregular y combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
Por su parte, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, sostuvo que los centros de retorno podrían proporcionar una alternativa para aquellas personas sin perspectivas de residencia en Europa cuyos gobiernos de origen no colaboran en su repatriación.
Dinamarca, Grecia y Países Bajos también consideran que la iniciativa podría mejorar la eficacia de sus políticas migratorias.

¿Quién financiará el centro de retorno?
El esquema financiero todavía debe concretarse, aunque los documentos preparatorios indican que los países europeos participantes asumirían los costos directos del centro y financiarían programas de integración y bienestar.
La propuesta contempla también proyectos que beneficien a la población ruandesa, como parte de una asociación más amplia entre ambas regiones.
Ruanda, gobernada por el presidente Paul Kagame, busca presentarse como un socio internacional en materia migratoria.
El país africano ya participa en mecanismos de acogida de refugiados y solicitantes de asilo, particularmente mediante programas desarrollados junto con la Unión Africana y ACNUR para evacuar a personas desde Libia.
Sin embargo, el nuevo proyecto tendría una finalidad distinta: recibir personas expulsadas de Europa, no evacuar refugiados que necesitan protección internacional.

La OIM acepta estudiar su participación, pero descarta intervenir en deportaciones forzosas
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó el 16 de noviembre que recibió una solicitud del Gobierno de Ruanda para prestar apoyo operativo al proyecto.
La agencia expresó una disposición favorable en principio, condicionada al cumplimiento de su mandato y de los estándares internacionales de protección.
Su participación comenzaría únicamente después de la llegada de las personas a Ruanda y podría incluir atención médica, apoyo psicológico, orientación, identificación de necesidades de protección y asistencia para acceder al mercado laboral.
La organización aclaró que no participará en expulsiones forzosas, detenciones, labores policiales ni operaciones de seguridad.
Este posicionamiento establece una diferencia entre la ejecución de los traslados, responsabilidad de los Estados, y la asistencia humanitaria posterior.

ACNUR y el Consejo de Europa exigen garantías de derechos humanos
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) participa en conversaciones técnicas con los seis gobiernos para examinar las garantías jurídicas del modelo.
Uno de los elementos fundamentales es el principio de no devolución, conocido como non-refoulement, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
El 18 de noviembre, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, advirtió que los centros de retorno deben cumplir plenamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Berset recordó los problemas identificados anteriormente por la justicia británica respecto de los mecanismos de protección en Ruanda y señaló que las controversias individuales podrían terminar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, dos relatores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidieron directamente que los cinco Estados abandonen el proyecto, al considerar que plantea riesgos jurídicos y humanitarios.

Las organizaciones humanitarias rechazan la externalización de las deportaciones
La iniciativa también provocó una reacción conjunta de 47 organizaciones humanitarias, de derechos humanos y de la sociedad civil procedentes de 15 países.
Entre las entidades firmantes se encuentran Human Rights Watch y el Comité Internacional de Rescate.
Las organizaciones consideran que enviar personas a países con los que no tienen vínculos familiares, sociales o culturales podría generar situaciones de vulnerabilidad, además de dificultar la supervisión de posibles violaciones de derechos humanos.

También cuestionaron la eficacia de estos centros como medida disuasoria de la migración irregular.
Amnistía Internacional se pronunció igualmente contra la iniciativa, advirtiendo sobre la posibilidad de repetir errores de anteriores acuerdos migratorios con Ruanda.
Los críticos sostienen que los gobiernos europeos no deben trasladar fuera de su territorio sus obligaciones de protección y supervisión jurídica.