Café para Todos. “El dictador” canadiense y el juez mexicano de los dos millones. (PRIMERA PARTE) Por Alberto Carbot
El thriller judicial de Andrew Clark que recorre Canadá, Estados Unidos, México y Colombia.
Un mecánico de ascensores que ofrecía descuentos de alquiler a sus inquilinos durante la pandemia terminó acusado de participar en una de las mayores organizaciones internacionales de narcotráfico y homicidios. Su detención en México condujo a una presunta operación de sobornos por 2.75 millones de dólares, de los cuales dos millones habrían sido destinados a un juez federal mexicano, detenido el pasado domingo, primero de noviembre, en Colombia.
El caso conecta cuatro países y abre interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia mexicana.
De rostro ovalado, cejas espesas, mirada ligeramente caída y barba oscura bien recortada, Andrew Clark tiene una apariencia que podría confundirse con la de cualquier joven canadiense de vida ordinaria. Una gorra gris cubre parcialmente su cabello corto, mientras sus ojos cafés le confieren una expresión seria, sin nada particularmente llamativo.
Tenía 29 años cuando, en abril de 2020, la revista Toronto Life publicó su fotografía junto con una entrevista en la que se presentaba como “mecánico de ascensores” y propietario de seis inmuebles alquilados a siete inquilinos, dos de los cuales habían perdido sus empleos durante la pandemia.
Clark explicó que les había ofrecido perdonar la mitad de la renta de abril si conseguían pagar la otra mitad, convencido, según sus propias palabras, de que “en esta crisis, era mejor mostrar compasión hacia mis inquilinos”. Aquella declaración, que entonces parecía revelar la sensibilidad de un pequeño empresario ante las dificultades económicas de sus arrendatarios, adquiriría un significado inesperado cuatro años después, cuando el canadiense fue detenido en México, acusado de participar en una poderosa organización internacional dedicada al narcotráfico y vinculada con numerosos asesinatos.
Su captura, ocurrida en octubre de 2024, abrió un procedimiento de extradición que habría podido concluir por los cauces judiciales ordinarios, de no haber mediado una presunta operación de corrupción destinada a conseguir su libertad.
La investigación terminaría por alcanzar al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, quien el 24 de febrero de 2025 ordenó que Clark pudiera salir bajo fianza, después de haber recibido, según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un soborno de dos millones de dólares.
El magistrado fue detenido en Colombia el pasado primero de noviembre, acusado de haber utilizado las facultades de su cargo para favorecer al canadiense, cuya captura parecía un episodio más de la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero que terminó poniendo al descubierto una presunta trama de corrupción judicial.
El arrendador solidario de Toronto
La entrevista de Toronto Life, publicada bajo el título How mom-and-pop landlords are coping with the pandemic (“Cómo enfrentan la pandemia los pequeños propietarios de viviendas en alquiler”), permite conocer algunos aspectos de la vida pública de Clark antes de que su nombre apareciera en los expedientes estadounidenses.
En aquel momento explicó que los bancos estaban ofreciendo aplazamientos hipotecarios, aunque con intereses adicionales que encarecían el costo de los préstamos, mientras él enfrentaba la posibilidad de que algunos de sus arrendatarios dejaran de pagar.
Consideraba que las dificultades para cobrar rentas formaban parte del negocio inmobiliario y estaba preocupado por el cierre temporal del organismo encargado de resolver las controversias entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, decidió conceder descuentos y declaró que deseaba demostrar a sus ocupantes que le importaba su bienestar, más allá de las obligaciones económicas que mantenían con él.
La publicación adquiere interés porque documenta una faceta verificable de Clark, alejada de las actividades que posteriormente le atribuirían los investigadores. Se presentaba como trabajador especializado, tenía inversiones inmobiliarias y hablaba de las dificultades provocadas por la emergencia sanitaria con la familiaridad de cualquier pequeño propietario.
Una investigación posterior de la cadena pública canadiense CBC recuperó aquellos antecedentes y examinó sus actividades, aunque la información disponible todavía no permite establecer con precisión cuándo comenzó su presunta participación en el narcotráfico ni determinar si las propiedades que poseía en 2020 guardaban alguna relación con los negocios ilícitos investigados años después.
La revista canadiense había recogido su testimonio como parte de una historia sobre propietarios solidarios, sin que existiera entonces una acusación pública que permitiera identificarlo como uno de los principales operadores de una red internacional de cocaína.
Años después, la documentación judicial estadounidense lo situaría en una posición de mando, junto con Ryan James Wedding, antiguo deportista olímpico canadiense acusado de haber construido una organización criminal con operaciones en varios países.
(CONTINÚA LUNES 9 DE NOVIEMBRE)
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