Bolivia aplica Estado de Excepción nacional tras semanas de bloqueos y crisis de abastecimiento
El Gobierno de Bolivia puso en marcha un Estado de Excepción de alcance nacional por un periodo máximo de 90 días, en medio de una crisis social que ha mantenido bloqueadas carreteras estratégicas durante cerca de 50 días y ha afectado el suministro de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.
La medida fue decretada el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, quien sostuvo que los bloqueos dejaron de ser una protesta social ordinaria y pasaron a constituir una amenaza contra el funcionamiento del país, la libre circulación y el abastecimiento de productos esenciales.
El decreto habilita una participación más amplia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para despejar vías, proteger infraestructura estratégica y restablecer el tránsito en carreteras, avenidas y rutas nacionales.
La legislación boliviana aprobada días antes establece que este régimen es extraordinario y temporal, puede aplicarse en todo o parte del territorio nacional y debe responder a causales como peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
La norma fija una vigencia máxima de 90 días y exige que las medidas sean proporcionales, razonables y delimitadas territorialmente.
La crisis se originó tras la eliminación de subsidios a los combustibles y otras medidas de ajuste económico impulsadas por la administración de Paz, en un contexto de escasez de dólares, presión fiscal y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Las protestas se extendieron con demandas de aumento salarial, solución a la falta de combustibles y divisas, reversión de medidas gubernamentales y, en algunos sectores, la renuncia del presidente.
En los últimos días, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, una de las principales organizaciones sindicales del país, para desactivar parte de las movilizaciones.
Sin embargo, diversos grupos campesinos e indígenas, particularmente organizaciones vinculadas al entorno del expresidente Evo Morales y concentradas en zonas de Cochabamba, rechazaron el entendimiento y mantuvieron bloqueos en rutas clave.
La aplicación del decreto comenzó con operativos en áreas cercanas a La Paz y El Alto, donde policías, militares y maquinaria estatal retiraron barricadas y escombros de las carreteras.
Según reportes oficiales y de prensa, varias rutas comenzaron a reabrirse durante el fin de semana; no obstante, todavía permanecían al menos 28 puntos de bloqueo en distintas zonas del país.
También se levantó un bloqueo relevante en San Julián, Santa Cruz, mientras la Federación Tupac Katari anunció una pausa temporal en sus protestas, aunque mantuvo vigentes sus exigencias económicas y políticas.
Las restricciones al transporte provocaron desabasto en mercados, dificultades para trasladar pacientes y problemas en hospitales, incluidos reportes de falta de oxígeno.
Distintas fuentes citadas por agencias internacionales ubican el saldo de la crisis entre 14 y 17 fallecidos, además de decenas de personas heridas y cientos de detenidos durante las jornadas de enfrentamientos y bloqueos.
Aunque el Gobierno asegura que el Estado de Excepción no suspende garantías constitucionales ni limita las actividades cotidianas de la población, organizaciones opositoras y sectores movilizados advierten que la presencia militar podría elevar la tensión si no se acompaña de nuevas negociaciones y respuestas a la crisis económica.
El reto para La Paz será consolidar la reapertura de las vías sin profundizar la confrontación política y social que mantiene al país bajo una de sus mayores presiones internas de los últimos años.