Blanca Cruz, la sombra de Puebla y el futuro del INE
Por Alberto Carbot (Primera Parte).
La difícil tarea de recuperar la confianza en una institución bajo sospecha.
Blanca Yassahara Cruz García, nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, llega al cargo con quince años de experiencia en la organización de elecciones, pero también con cuestionamientos relacionados con su gestión en Puebla.
A las denuncias sobre una presunta transferencia de 27 mil votos se suman observaciones financieras y un contrato de 129.7 millones de pesos con una empresa investigada por irregularidades en operaciones con el INE durante la administración de Guadalupe Taddei.
El Instituto Nacional Electoral acaba de cambiar de presidenta en circunstancias que difícilmente podrían resultar más comprometedoras. Guadalupe Taddei Zavala renunció al cargo después de que diversas investigaciones periodísticas revelaran presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, posibles conflictos de interés y relaciones personales que habrían favorecido negocios con recursos públicos. Su salida, lejos de resolver el problema, ha dejado una institución debilitada en su credibilidad y enfrentada al desafío de organizar las elecciones de 2027.
Para sustituirla provisionalmente, los diez consejeros que permanecen en funciones acordaron designar este martes a Blanca Yassahara Cruz García, una abogada de 39 años, nacida en Huajuapan de León, Oaxaca, cuya carrera ha transcurrido principalmente en los organismos electorales de Puebla. Su nombramiento resulta significativo porque, a diferencia de otros personajes incorporados a instituciones públicas por acuerdos partidistas, cuenta con experiencia profesional en la organización de comicios. Pero su trayectoria también contiene episodios controvertidos que permanecen sin una explicación pública concluyente.
La pregunta que surge es tan sencilla como incómoda: ¿puede una funcionaria cuya gestión electoral en Puebla recibió cuestionamientos por presuntas irregularidades en el cómputo de votos y observaciones sobre contratos millonarios devolver la confianza a un INE que acaba de perder a su presidenta en medio de investigaciones por posible corrupción?
La respuesta exige examinar los antecedentes de Cruz García, las circunstancias de su designación y las condiciones en que deberá ejercer una autoridad que reclama independencia, transparencia y credibilidad.
Conviene comenzar por reconocer sus méritos profesionales. Blanca Cruz es licenciada en Derecho y maestra en esa disciplina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con formación constitucional y de amparo. Ingresó al Servicio Profesional Electoral en 2011 mediante concurso público y desempeñó diversas responsabilidades en juntas distritales y locales.
Conoció el trabajo de campo, la instalación de casillas, los procedimientos administrativos y los problemas que acompañan la organización de una elección. No pertenece a esa categoría de funcionarios que descubren el funcionamiento de una institución después de recibir el nombramiento para dirigirla.
Su carrera dio un salto considerable el 22 de agosto de 2022, cuando el Consejo General del INE aprobó su designación como presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Asumió el puesto el 3 de noviembre de ese año, con un nombramiento originalmente previsto hasta 2029.
Permaneció en la institución durante tres años y medio, hasta que la Cámara de Diputados la eligió consejera nacional del INE el 21 de abril de 2026. Apenas seis meses después, sus compañeros la escogieron para encabezar provisionalmente el organismo.
Durante su presidencia en Puebla tuvo bajo su responsabilidad institucional la organización de las elecciones locales del 2 de junio de 2024, en las que se renovaron la gubernatura, el Congreso estatal y los ayuntamientos. Alejandro Armenta Mier, candidato de la coalición encabezada por Morena, obtuvo la gubernatura, pero aquellos comicios también dieron origen a una controversia que adquirió nueva relevancia cuando Cruz García ascendió al Consejo General del INE.
Los 27 mil votos bajo sospecha
El asunto involucra a Fuerza por México Puebla, partido aliado de Morena que se encontraba en riesgo de perder su registro por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación exigido por la legislación electoral. Después de los comicios surgieron denuncias relacionadas con discrepancias entre los resultados del cómputo y las cifras publicadas oficialmente. La diferencia cuestionada fue de aproximadamente 27 mil 750 votos, cantidad suficiente para modificar la situación del partido respecto de la conservación de su registro.
La acusación apuntaba a una presunta transferencia de sufragios originalmente atribuidos a Morena hacia Fuerza por México. De haberse realizado una operación semejante fuera de las reglas electorales, estaríamos ante una irregularidad de considerable gravedad, pues el reparto de votos entre partidos determina derechos de representación, financiamiento público y permanencia en el sistema político.
Pero hay una diferencia jurídica fundamental entre detectar cifras discrepantes y demostrar que alguien ordenó manipularlas deliberadamente.
La revista Proceso retomó el caso en abril de 2026, cuando Blanca Cruz acababa de incorporarse al INE. Según la información publicada, el organismo electoral poblano había abierto una investigación para esclarecer los señalamientos, sin que entonces se conocieran resultados definitivos. La existencia de las denuncias y de la investigación constituye un antecedente verificable.
La presunta responsabilidad personal de Cruz García, en cambio, no ha quedado acreditada mediante una resolución definitiva que permita sostener tal afirmación.
Este matiz es indispensable para juzgar con seriedad. La presidenta de un organismo electoral tiene responsabilidades de conducción, vigilancia y rendición de cuentas, pero ello no significa que deba atribuírsele automáticamente cualquier anomalía detectada en las distintas áreas administrativas o técnicas.
Tampoco la existencia de una investigación pendiente autoriza a considerar culpable a una persona. Lo exigible es conocer qué ocurrió, quiénes intervinieron, cuáles fueron las causas de las discrepancias y qué determinaron las autoridades competentes.
Sin embargo, una institución electoral no puede limitarse a invocar la presunción de inocencia cuando se cuestiona la integridad de sus procedimientos. Está obligada a explicar sus decisiones, publicar la documentación correspondiente y demostrar que sus resultados obedecen exclusivamente a la voluntad expresada en las urnas. La transparencia constituye una condición elemental de su autoridad, porque cuando las aclaraciones tardan demasiado o los expedientes permanecen fuera del escrutinio público, las sospechas encuentran terreno propicio para multiplicarse.