Avalan en la Comisión Permanente la nulidad de elecciones por injerencia extranjera
Por redacción
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que incorpora como causal de nulidad de elecciones la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de los comicios.
La modificación adiciona un inciso d) a la Base VI del artículo 41 de la Constitución y fue avalada tras recibir el respaldo de 24 congresos estatales y de la Ciudad de México, con lo que cumplió el requisito previsto en el artículo 135 constitucional.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, informó que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas locales, el decreto quedó formalmente aprobado y será remitido al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.
Previamente, la Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta de los votos favorables emitidos por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Con la reforma, se establece que una elección podrá ser anulada cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que tengan incidencia en el resultado electoral.
El régimen transitorio señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar sus leyes para adecuarlas a la nueva disposición constitucional antes del 5 de junio de 2026.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los tribunales electorales de las entidades federativas deberán revisar y ajustar su normativa interna para garantizar la aplicación de la reforma.
La modificación forma parte de los cambios recientes al marco electoral impulsados por la mayoría legislativa y busca incorporar expresamente en la Constitución la prohibición de cualquier influencia extranjera que altere la voluntad popular expresada en las urnas.