Una Historia para Compartir. Austeridad Judicial. Por Saúl Monreal Ávila

Por décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue percibida por amplios sectores de la ciudadanía como una institución distante, encapsulada en una lógica de privilegio que poco tenía que ver con la realidad cotidiana del pueblo mexicano. Hace unos días, la opinión pública volvió a encenderse ante la noticia de la adquisición de nueve vehículos blindados tipo Cherokee para uso del personal de alto rango que integra este poder, y es que, la indignación social es legítima, ni la desestimamos ni la minimizamos, por el contrario, la compartimos.

El servicio público no puede confundirse con ostentación, y menos aun cuando se trata del máximo tribunal constitucional del país en el inicio de su gran reforma. No luchamos para eso.

Ahora bien, la oposición y su narrativa de mentiras de querer solo mostrar una parte con el apoyo de comentócratas alineados a ellos, quieren hacer ver que nada ha cambiado. Por ello dejamos esta reflexión, ya que el análisis debe ser completo y sustentado en hechos verificables.

De acuerdo con el informe del Órgano de Administración Judicial, documento público y consultable, los esquemas de remuneraciones y prestaciones de las y los ministros han sido objeto de ajustes sustantivos en consonancia con el principio de austeridad republicana previsto en el artículo 127 constitucional y desarrollado a partir de la reforma judicial.

El sueldo mensual neto de las ministras y ministros, que anteriormente ascendía a 206 mil 947 pesos, hoy se ubica en 134 mil 310 pesos. Más relevante aún es la eliminación de prestaciones adicionales que configuraban un sistema de beneficios extraordinarios: 36 mil 906 pesos mensuales por concepto de gastos médicos mayores, hoy inexistentes; un seguro de separación individualizado que superaba los 5.2 millones de pesos, cancelado; y un pago anual por riesgo de 639 mil 917 pesos, igualmente suprimido.

Pero el debate no se agota en las cifras salariales. El mismo informe da cuenta de apoyos logísticos y materiales que durante años fueron autorizados para fines no estrictamente jurisdiccionales: suministro de servicios como agua, energía eléctrica y telefonía en domicilios particulares; mantenimiento de elevadores en sus domicilios, plantas de luz e instalaciones domésticas; adquisición de enseres, despensa, ropa o artículos personales; contratación de servicios de entretenimiento en Ticketmaster; reservaciones en restaurantes; traslados de amistades o familiares; compra de boletos de avión y hospedajes; incluso apoyos para colegiaturas, inscripciones escolares o mantenimiento de jardines privados.

En el área de atención a ministras y ministros se cancelaron 59 de 149 apoyos vinculados a trámites de carácter no oficial. La tendencia es clara: el desmontaje progresivo de un régimen de privilegios que se había normalizado institucionalmente.

Nada de lo anterior implica desconocer las necesidades de seguridad inherentes a ciertas funciones del Estado. Pero sí obliga a mantener una vigilancia permanente sobre la congruencia entre el discurso público y la práctica administrativa. La reforma al Poder Judicial no fue un acto retórico; fue una necesidad de cambio profundo en un México que ya cambió y en un mundo en constante cambio.

Con esta eliminación de esos abusos o excesos, demostramos contundentemente que no somos iguales. Y si alguien sostiene lo contrario, solo díganos por qué nunca pensaron en eliminar tal derroche y frivolidad. La Corte, como cualquier otro órgano del Estado, debe caminar en esa misma dirección de tener menos privilegios, más legitimidad; menos opacidad, más rendición de cuentas, y la gente tiene derecho a cuestionar y a exigir, para frenar los excesos.

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