Article 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México en 2025
El informe anual 2025 de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, titulado "Estructuras del Silencio", revela un panorama crítico para la libertad de expresión y el derecho a la información en la región.
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A dos décadas del establecimiento de la oficina regional, el ecosistema informativo enfrenta una erosión sistemática caracterizada por tres pilares: violencia letal y censura, opacidad institucionalizada y un paradigma de vigilancia masiva.
En 2025, la región se consolidó como una de las más peligrosas para el periodismo. Solo en México, Guatemala y Honduras fueron asesinados 12 periodistas.
México encabeza la incidencia con 451 agresiones documentadas.
El informe destaca que 2025 fue el año más violento para quienes buscan a sus familiares desaparecidos en México.
Bajo la actual administración de Claudia Sheinbaum, se han documentado 7 asesinatos y 6 desapariciones de buscadoras, sumando un total de 34 asesinatos y 8 desapariciones desde 2010.
El registro de personas desaparecidas sumó 14,072 nuevos casos en el primer año de la presidencia de Sheinbaum, superando las 133,000 personas desaparecidas en total, bajo un sistema de registro cuya metodología está bajo "revisión" discrecional.
Un punto de quiebre fundamental fue la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México a finales de 2024, lo que ha subordinado la vigilancia del poder al propio Poder Ejecutivo.
La transferencia de las funciones del INAI a "Transparencia para el Pueblo" (dependiente del Ejecutivo) convirtió al Estado en juez y parte, ya que se documentó un patrón de "incompetencias" injustificadas.
En sus primeros meses, el nuevo órgano desechó el 99.6% de los recursos de revisión (2,253 recibidos, solo 457 analizados y la mayoría desechados por "incumplimientos técnicos").
Paralelamente, se ha consolidado una arquitectura de vigilancia digital que utiliza bases de datos biométricas y leyes de seguridad para normalizar la intrusión estatal en la vida privada bajo el pretexto de combatir la crisis de desapariciones.
