Argentina y Reino Unido enfrentan disputa judicial por el petróleo de las Islas Malvinas
El Gobierno de Javier Milei solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que suspenda actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Londres rechazó el planteamiento y defendió el aprovechamiento de los recursos naturales de las islas. La decisión sobre las medidas provisionales está prevista de manera tentativa para el 28 de noviembre de 2026.
Argentina y el Reino Unido concluyeron este miércoles dos jornadas de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía constituye una disputa histórica entre ambos países.
Durante las sesiones del 10 y 11 de noviembre de 2026, la representación del Gobierno del presidente Javier Milei solicitó medidas provisionales relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
Buenos Aires busca evitar que continúen o se amplíen determinadas operaciones autorizadas por las autoridades británicas mientras se tramita un arbitraje internacional.
Londres rechaza la pretensión argentina y sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.
Milei lleva el reclamo por Malvinas a una instancia internacional
La iniciativa argentina se enmarca en un procedimiento de arbitraje conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En ese contexto, Argentina acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales en virtud del artículo 290, párrafo 5, de la Convención.
El propósito de este tipo de medidas es preservar los derechos que cada parte reclama o impedir daños graves al medio marino antes de que el tribunal arbitral competente pueda decidir el fondo del caso.
Según la posición argentina, las autorizaciones británicas para actividades petroleras en la zona afectan los derechos que Buenos Aires reivindica sobre los espacios marítimos y sus recursos.
El Reino Unido cuestiona ese argumento y sostiene una interpretación distinta de la situación jurídica y política del archipiélago.
Qué reclama Argentina
Durante el procedimiento, la delegación argentina planteó la necesidad de adoptar disposiciones urgentes para proteger sus derechos mientras avanza el arbitraje.
El reclamo se concentra en cuatro aspectos generales:
- Operaciones petroleras: Limitar o suspender determinadas actividades vinculadas con la exploración, perforación o producción en la zona marítima disputada.
- Información exploratoria: Impedir que el aprovechamiento de datos obtenidos en las operaciones afecte los derechos reclamados por Argentina.
- Protección ambiental: Evitar daños al medio marino relacionados con las operaciones de hidrocarburos.
- Nuevas autorizaciones: Prevenir decisiones unilaterales que puedan agravar la controversia antes de una resolución del arbitraje.
La argumentación argentina señala que algunas actividades podrían producir consecuencias difíciles de revertir una vez iniciada la explotación comercial.
Sea Lion: el proyecto petrolero en el centro del conflicto
Sea Lion es el nombre de un proyecto petrolero, que está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El proyecto representa una apuesta de desarrollo energético para las autoridades de las islas, que consideran la explotación de hidrocarburos una potencial fuente de ingresos.
Argentina, en cambio, cuestiona que se autoricen unilateralmente esas operaciones en los espacios marítimos sobre los que mantiene un reclamo.
El desacuerdo combina intereses económicos, protección ambiental y cuestiones jurídicas sobre la explotación de recursos en áreas marítimas disputadas.
La postura del Reino Unido
Los representantes británicos defendieron la legalidad del proyecto y argumentaron que los habitantes del archipiélago pueden administrar y aprovechar sus recursos naturales.
También cuestionaron la urgencia y la base jurisdiccional de las medidas provisionales solicitadas por Argentina, al considerar que la controversia está vinculada con el desacuerdo histórico sobre la soberanía de las islas.
Las posiciones de ambos gobiernos reflejan enfoques contrapuestos: Argentina invoca su reclamo territorial y el llamado de las Naciones Unidas a negociar la disputa de soberanía; el Reino Unido destaca la autodeterminación de los habitantes del archipiélago y la continuidad de su administración.
Qué es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para resolver controversias relacionadas con su interpretación y aplicación.
Tiene sede en Hamburgo, Alemania, comenzó a funcionar en 1996 y está integrado por 21 jueces independientes, elegidos por períodos de nueve años.
Entre los asuntos que puede conocer se encuentran las controversias marítimas entre Estados, la pronta liberación de buques en determinados supuestos, la protección del medio marino y la adopción de medidas provisionales urgentes cuando se cumplen los requisitos jurídicos correspondientes.
Qué sigue después de las audiencias
Tras finalizar las sesiones del 11 de noviembre, corresponde al Tribunal deliberar sobre la solicitud de medidas provisionales.
De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, la lectura de su decisión está prevista tentativamente para el 28 de noviembre de 2026.
El Tribunal podría ordenar algunas medidas, formular disposiciones distintas de las solicitadas o rechazarlas.
Esa decisión versaría sobre las medidas provisionales y no resolvería por sí sola la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El caso constituye un nuevo capítulo de una disputa de larga duración entre Argentina y Reino Unido, ahora centrada en el alcance de los derechos que ambos reivindican respecto de los recursos energéticos del Atlántico Sur.