Aprueban diputados la reforma de nacionalidad única para candidatos
Por redacción
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a contar únicamente con la nacionalidad mexicana, en una votación que exhibió el choque entre Morena y sus aliados y las bancadas de oposición.
El dictamen recibió 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención y fue enviado al Senado para continuar su trámite constitucional. Los votos favorables correspondieron a Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La abstención fue de la diputada independiente Guadalupe Mendoza Arias.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes pretendan competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos. También plantea que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.
Morena defendió la reforma como una medida para reforzar el vínculo jurídico y político de quienes encabecen los Poderes Ejecutivos con México. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, sostuvo que la modificación no elimina el derecho de los mexicanos a tener doble nacionalidad, sino que establece una condición específica para quienes busquen encabezar el Ejecutivo federal o un gobierno estatal.
El PT acompañó la propuesta bajo el argumento de que quienes aspiren a gobernar deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México. Desde Morena se planteó además que la redacción vigente del artículo 32 constitucional deja un vacío al referirse a quienes adquieren otra nacionalidad, pero no necesariamente a quienes la poseen desde el nacimiento.
El PVEM, aunque respaldó mayoritariamente el dictamen, tuvo una disidencia durante la votación: el diputado Jorge Luis Villatoro primero manifestó su rechazo y posteriormente cambió el sentido de su voto para abstenerse.
PAN, PRI y MC rechazaron la reforma al considerar que introduce una restricción a los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad. Desde el PAN, María Angélica Granados cuestionó que se limite la participación política de mexicanos vinculados con otros países, mientras que otros legisladores panistas argumentaron que la doble nacionalidad no determina el compromiso de una persona con México.
El PRI sostuvo que la medida discrimina a mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó que la mayoría no acreditara de manera suficiente cuál sería el riesgo concreto que pretende evitar. El diputado priista César Alejandro Domínguez reprochó que no se hubiera escuchado a los mexicanos residentes en el extranjero antes de modificar las reglas de elegibilidad.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, se pronunció en contra de la reforma. En declaraciones previas a la votación, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados sostuvo que la iniciativa pone en duda la lealtad, mexicanidad y amor a México de los migrantes mexicanos.
Moreira argumentó que el problema de la doble nacionalidad para ocupar la Presidencia ya está regulado por la Constitución y, por ello, consideró que la reforma era innecesaria. Señaló:
“A los migrantes mexicanos se les vuelve a poner en duda, lo que no debería estarlo. Esta iniciativa pone en duda su lealtad a la patria, su mexicanidad, su amor al país”.
MC también votó en contra. El diputado Sergio Gil puso como ejemplos los casos del ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla y del ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, ambos con vínculos de nacionalidad extranjera, para cuestionar la consistencia de la nueva regla. La emecista Iraís Reyes sostuvo que tener padres de distintas nacionalidades o haber nacido en otro país no implica menor compromiso con México.
La discusión se prolongó durante casi 11 horas y estuvo marcada por acusaciones entre la mayoría y la oposición. La Cámara rechazó las reservas presentadas por los legisladores y finalmente remitió el proyecto al Senado. De aprobarse también en esa Cámara y posteriormente por la mayoría de las legislaturas estatales, la nueva disposición sería aplicable a partir del proceso electoral de 2028.