Alertan ONG’s persecución penal contra periodistas en SLP
Por redacción
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión denunciaron una presunta persecución judicial contra periodistas, activistas y comunicadores en San Luis Potosí, tras la detención de tres personas vinculadas a medios digitales y la emisión de órdenes de aprehensión contra al menos otras ocho.
ARTICLE 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica, entre otras organizaciones, acusaron al Gobierno estatal de utilizar tipos penales “ambiguos” relacionados con identidad digital e inteligencia artificial para inhibir voces críticas.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que en las últimas 48 horas fueron detenidos Christian Herrera, administrador de la página “Código Rojo”, en Ciudad Valles; Eréndira Reyes Aguillón, directora de “San Wicho Times”; y Alejandra Hermosillo, funcionaria del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Además, denunciaron que existirían órdenes de aprehensión contra al menos otras ocho personas, entre ellas la periodista Anahí Torres González.
De acuerdo con el documento, Herrera fue detenido el pasado 21 de mayo presuntamente por elementos de la Fiscalía estatal, quienes lo habrían incomunicado y trasladado al penal de “La Pila”, en la capital potosina.
Las organizaciones señalaron que hasta ahora no existe claridad sobre los cargos en su contra y advirtieron que, de mantenerse la incomunicación, el caso podría constituir una detención arbitraria.
En el caso de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, denunciaron irregularidades durante su captura y traslado, además de contradicciones entre la información proporcionada a familiares y la versión oficial de la Fiscalía General del Estado.
Ambas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva por el presunto delito contra la identidad de las personas.
La Fiscalía estatal argumentó que las imputadas utilizaron “estructuras visuales, narrativas y gráficas” para simular autenticidad en contenidos digitales, lo que habría afectado “la imagen, honor y reputación pública” de una persona denunciante.
Las organizaciones advirtieron que las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado vinculaban al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la Guardia Civil Estatal con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según las denuncias, el video habría sido publicado antes de la entrada en vigor de las reformas al Código Penal estatal sobre manipulación de identidad digital, aprobadas en noviembre de 2025.
“Resulta inaceptable que se pretenda aplicar retroactivamente una ley penal”, señalaron.
Las organizaciones recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra dichas reformas y alertaron que las normas representan un riesgo para periodistas, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.
También cuestionaron el uso de órdenes de aprehensión y prisión preventiva en delitos relacionados con expresiones digitales.
“El derecho penal no debe utilizarse como mecanismo de silenciamiento”, indicaron.
Finalmente, exigieron al Gobierno de San Luis Potosí garantizar el debido proceso, transparentar las investigaciones y respetar la libertad de prensa y expresión.