Alerta Rubén Moreira por cobro de 2% a celulares y computadoras
Por redacción
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que el Gobierno federal pretende imponer, vía reglamentaria, un cobro de hasta 2 por ciento a teléfonos celulares, computadoras, tabletas, memorias y otros dispositivos tecnológicos.
El legislador presentó un punto de acuerdo para pedir a las Secretarías de Economía, Hacienda y Cultura, así como al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), revisar la legalidad de la llamada remuneración compensatoria por copia privada antes de establecer cualquier pago obligatorio a la importación y comercialización de estos equipos.
Moreira sostuvo que si el cobro se aplica desde la importación tendría efectos directos sobre el comercio exterior, por lo que debería sujetarse a los procedimientos previstos en la Ley de Comercio Exterior. Incluso, alertó, podría contravenir disposiciones del T-MEC relacionadas con aranceles y restricciones a las importaciones.
“El nombre que se le dé al cobro no cambia sus efectos”, afirmó el priista, al señalar que si se exige al importador por introducir una mercancía al País, no basta denominarlo compensación privada para excluirlo de las reglas comerciales.
El ex Gobernador de Coahuila recordó que en 2021, ante una propuesta similar, la Secretaría de Economía advirtió que cobrar a los importadores al ingreso de las mercancías podría considerarse un arancel y resultar contrario a los compromisos comerciales de México.
También cuestionó el destino y fiscalización de los recursos, pues inicialmente serían recaudados por sociedades de gestión colectiva. A su juicio, debe determinarse cuándo adquieren naturaleza pública, quién autoriza su destino, cómo se registran y bajo qué mecanismos serán fiscalizados.
Moreira consideró que el Ejecutivo no puede utilizar la facultad reglamentaria para crear obligaciones económicas que corresponden al Congreso. Por ello, demandó hacer públicos los estudios técnicos y económicos que sustenten la tarifa y su impacto en precios, consumidores, competencia, comercio formal e importaciones.
El coordinador priista pidió además que Economía determine la compatibilidad de la medida con la Ley de Comercio Exterior y el T-MEC; Hacienda establezca su naturaleza fiscal y presupuestaria, y Cultura e Indautor acrediten el fundamento legal para definir mediante reglamento los elementos del cobro.
“En un momento económico complejo y precisamente cuando se encuentra en revisión el T-MEC, México necesita certeza jurídica, no nuevas incertidumbres”, sostuvo.