Alerta Moreira por acoso y pérdida de personal en el Poder Judicial
Por redacción
El diputado del PRI, Rubén Moreira, advirtió sobre denuncias de acoso, hostigamiento y presiones laborales en el Poder Judicial de la Federación, así como la salida de personal especializado y cambios de adscripción de jueces y magistrados que, afirmó, ponen en riesgo la independencia judicial y el funcionamiento de los tribunales.
Mediante un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el coordinador priista exhortó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) a investigar las denuncias, proteger a los trabajadores que las presentan y transparentar los criterios utilizados para ordenar movimientos de personas juzgadoras.
Moreira sostuvo que, a poco más de un año de la entrada en vigor de la reforma judicial, comienzan a hacerse visibles problemas en la operación del nuevo modelo, entre ellos presuntos malos tratos, jornadas excesivas, represalias y pérdida de personal con experiencia y formación especializada.
En el documento señaló que trabajadores del Poder Judicial en Campeche hicieron públicas, el 11 de septiembre, denuncias por hostigamiento y presiones laborales, y un día después solicitaron la intervención de las autoridades federales. También mencionó inconformidades de empleados de un juzgado de distrito en San Luis Potosí por cargas de trabajo y presunto acoso.
El legislador aclaró que las denuncias deben investigarse y que no se puede atribuir responsabilidad sin una resolución de las autoridades competentes. Sin embargo, consideró que la falta de respuestas oportunas puede convertir los conflictos laborales en un problema institucional.
Otro de los puntos de preocupación es la salida de personal de carrera con conocimientos técnicos acumulados durante años. Moreira advirtió que la renovación de cargos judiciales no sustituye automáticamente la experiencia necesaria para resolver asuntos especializados en materias penal, administrativa, laboral, civil y de amparo.
Como referencia, citó declaraciones del senador Javier Corral, quien en septiembre señaló que la elección judicial provocó la salida de casi 60 por ciento de las personas juzgadoras locales que habían sido capacitadas para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El priista también cuestionó los cambios de adscripción ordenados por el OAJ. Refirió el caso de la magistrada Taissia Cruz Parcero, cuyo traslado, de acuerdo con información difundida públicamente, impidió la celebración de una sesión jurisdiccional programada, y recordó que en septiembre se aprobaron movimientos de 43 integrantes de la carrera judicial en 18 entidades.
A juicio de Moreira, estas decisiones requieren criterios públicos, objetivos y verificables para descartar que las facultades administrativas puedan utilizarse como mecanismos de presión contra juzgadores que han expresado posiciones críticas frente a la reforma.
El punto de acuerdo también plantea que el OAJ publique un diagnóstico sobre las vacantes, separaciones y sustituciones de personal especializado, así como sus efectos en las cargas de trabajo y en la continuidad de los órganos jurisdiccionales.
Además, solicita emitir lineamientos generales para regular las adscripciones, readscripciones y cambios de sede de jueces y magistrados, con garantías de transparencia, seguridad jurídica e independencia judicial.
El diputado priista incorporó también el reclamo por el pago de indemnizaciones y prestaciones a quienes dejaron sus cargos con motivo de la reforma judicial. Citó denuncias de asociaciones de juzgadores sobre retrasos en indemnizaciones y pensiones complementarias, y pidió informar el estado de cumplimiento del régimen transitorio de la reforma constitucional.
En ese sentido, recordó que el artículo décimo transitorio estableció el respeto íntegro de los derechos laborales y contempló indemnizaciones para las personas juzgadoras que concluyeran sus encargos bajo las condiciones previstas en ese decreto.
El exhorto incluye seis puntos dirigidos a las autoridades judiciales para atender las denuncias laborales, preservar el capital humano especializado, transparentar los movimientos de juzgadores, evitar interrupciones en el servicio de justicia y cumplir las obligaciones económicas con quienes concluyeron su carrera judicial.