Agenda Naranja. Contingencias sanitarias. Por Ivonne Ortega Pacheco
La autoridad sanitaria y gubernamental dio traspiés que llevaron a meses de confusión, y la curva de aprendizaje del gobierno se tradujo en sufrimiento para la ciudadanía
La crisis sanitaria y social por la pandemia de COVID-19 nos impactó de muchas formas. La más trágica de ellas, sin duda, fue la pérdida de miles de vidas que enlutó hogares y dejó un vacío en la sociedad, pero hubo otros hechos que modificaron nuestra manera de convivir.
Hay que decirlo como fue: no estábamos preparados. La autoridad sanitaria y gubernamental dio traspiés que llevaron a meses de confusión, y la curva de aprendizaje del gobierno se tradujo en sufrimiento para la ciudadanía.
Para evitar, en todo lo posible, ese tipo de afectaciones, presenté una iniciativa en la Cámara de Diputados para garantizar una respuesta oportuna y eficaz del gobierno frente a emergencias sanitarias, específicamente en lo que se refiere a la disposición presupuestal.
El objetivo es que, ante una emergencia por contingencia sanitaria, como la ocurrida por la pandemia de COVID-19, el gobierno tenga un mecanismo más ágil para poder encaminar los recursos a la atención de la urgencia, todo dentro de un marco legal.
Ya lo hemos visto: las emergencias sanitarias no pueden enfrentarse con rigidez presupuestaria. Se requiere capacidad de reacción inmediata para proteger la vida y la salud de las personas. Esa debe ser la prioridad.
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la pandemia de COVID-19 el gasto estatal en salud disminuyó 2% respecto a 2019, a pesar del incremento en la demanda de servicios médicos.
Estos datos reflejan que la presión financiera derivada de la emergencia limitó la capacidad de los gobiernos locales para fortalecer justamente las áreas más críticas. Y, en un momento de emergencia sanitaria, la prioridad debe ser atender las necesidades de la población.
Más datos: según el análisis del IMCO, las entidades federativas ejercieron 26 mil 25 millones de pesos adicionales en salud y protección social respecto a lo originalmente aprobado; sin embargo, estos recursos extraordinarios no fueron suficientes para compensar la reducción en términos reales frente al ejercicio previo a la pandemia.
¿Qué hizo falta? En mi opinión, debemos avanzar hacia un diseño presupuestario que prevea ese tipo de emergencias para atenderlas sin deteriorar las finanzas públicas y sin que la actuación del gobierno se vea limitada por cuestiones reglamentarias; por el contrario, debe ser el marco legal el que facilite el trabajo en favor de la ciudadanía.
Las contingencias de salud son críticas y tienen un impacto significativo en la sociedad. Por eso, he propuesto establecer en la norma un marco jurídico claro y ágil que ayude a realizar las acciones necesarias para proteger a la ciudadanía.
Las Dunas de Chuburná Puerto
La autoridad ambiental ha dado reversa al ecocidio en el proyecto Las Dunas, en Chuburná Puerto, Yucatán. Una suspensión exigida por colectivos y por la propia comunidad, a la que se sumaron también actores políticos como Movimiento Ciudadano, que presentó un instrumento legal.
Ahora corresponde estar al pendiente y vigilar que más allá del cumplimiento de la ley, se respete el principio de protección de la naturaleza.
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