Admite a trámite la CIDH otra demanda colectiva contra la reforma judicial mexicana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido a trámite una demanda colectiva de más de 400 jueces y magistrados federales mexicanos contra la reforma judicial, otorgando al Estado mexicano un plazo de cuatro meses para responder.
La organización Servicios Internacionales de Profesionales en Derechos Humanos (SIPDH) confirmó que esta medida busca proteger la independencia judicial y la carrera judicial frente a supuestos despidos y presiones políticas.
Esta demanda se suma a otras acciones previas ante la CIDH, y en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, el asunto podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede ordenar reparaciones y ajustes a la legislación nacional.
La CIDH analizará si las medidas de la reforma quebrantan el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
De encontrar responsabilidades que el Estado mexicano no subsane, el caso podría ser remitido de manera definitiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene facultades para dictar sentencias obligatorias, reparaciones económicas y ordenar modificaciones legales.
Ya existía una primera denuncia
En marzo de 2026 la CIDH notificó al Estado mexicano sobre una petición presentada por un grupo de 65 juzgadores federales que impugnaron la reforma judicial. También en ese caso se otorgó un plazo de cuatro meses para responder.
La nueva acción involucra a más de 400 juzgadores
De acuerdo con SIPDH, la CIDH registró una segunda demanda colectiva promovida en nombre de más de 400 jueces y magistrados federales, quienes alegan afectaciones a la independencia judicial, a la carrera judicial y a derechos adquiridos por la reforma.