Más de 5 millones de menores de 18 años en situación de calle en México son vulnerables al reclutamiento forzado infantil: diputados del PRI
Encabezados por su coordinador, Rubén Moreira Valdez, los diputados del PRI, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penel Federal, que fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Cámara de los Diputados, para aumentar las penas y considerar el reclutamiento de menores por el crimen organizado como un delito grave.
Aseguran en su propuesta aprobada que el fenómeno de uso de niños en actividades delictivas se debe en buena medida a la falta de oportunidades y de la incapacidad por parte del gobierno para garantizar los derechos de la niñez, aseguraron en su ponencia los legisladores priistas.
Además de ello, también se busca reconocer la administración de los centros de reclutamiento y entrenamiento de personas, a fin de hacer frente a la situación que se vive en el país.
Se estima que en el país existen alrededor de 5.2 millones de menores de edad que se encuentran en situación de calle y que ven como única opción de desarrollo el pertenecer a un grupo criminal. Así mismo, también están aquellos que son secuestrados o reclutados mediante engaños, muchos de los cuales quieren escapar, pero no tienen ninguna opción, pues cuando no se introducen en la dinámica de las organizaciones delictivas desaparecen.
La iniciativa contempla:
• El reconocimiento y tipificación en el código penal del delito de reclutamiento forzado;
• La imperiosa creación de programas integrales de desvinculación, rescate, inserción social y tratamiento psicológico especializado para quienes han sido afectados; y
• La construcción de una cultura de paz desde los territorios, con especial énfasis en las escuelas. Además de un cambio sustancial de la estrategia de seguridad basada en la militarización, populismo punitivo y criminalización de la pobreza.
En su Exposición de Motivos los legisladores del PRI recuerdan que el pasado 5 de marzo del 2025 se hizo público en los medios de comunicación el hallazgo de un Rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán en el Estado de Jalisco que fue un centro de reclutamiento y extermino del crimen organizado.
De acuerdo con los primeros reportes, en ese rancho se localizaron más de 400 pares de zapatos de víctimas, a la vez que se calculan más de mil 300 indicios. Este hecho conmocionó al mundo, no sólo por la gravedad de la situación, sino también porque puso de manifiesto la grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad que se vive en México.
Los hechos del Rancho Izaguirre no sólo evidencian la grave crisis en materia de desapariciones, también revela otras violaciones graves a derechos humanos y diversos fenómenos delictivos que atentan contra la libertad de las personas, pues ahí confluyen situaciones de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, trabajo forzado, entre muchos otros fenómenos delictivos.
En México, informaron los diputados priístas, desde 2011 la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reportó que cerca de 30 mil niñas, niños y adolescentes se encontraban inmersos de manera forzada en grupos criminales.
Eso se debió en buena medida a que los jóvenes constituyen mano de obra barata y fácilmente desechable, quienes, además, por ser menores de edad, si son capturados se someten a medidas de internamiento.
Los cárteles de la droga, agregan los legisladores en el texto, buscan incorporar en sus filas a personas menores de 18 años, buscando adoctrínalos e incrementando sus responsabilidades en la organización conforme van creciendo.
Además de ello, también ha llegado a observarse la práctica de secuestro de migrantes y de personas que desaparecen, la primera vez que se observó la situación de secuestro de migrantes a manos del crimen organizado fue en 2010, cuando se localizó una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en donde 50 de los 72 cuerpos hallados pertenecían a migrantes: cuatro brasileños, un ecuatoriano, diez guatemaltecos, catorce salvadoreños y veintiún hondureños.
Estos datos revelan la grave situación que se vive: por un lado, las personas menores de 18 años se encuentran en situación de riesgo, donde no tienen oportunidades y se ven al acecho del crimen organizado. A su vez, personas jóvenes hombres y mujeres, así como migrantes también son potenciales víctimas. Todo ello genera una crisis de desapariciones de personas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró un total de 54,348 personas desaparecidas lo que implica un incremento del 65.81 por ciento con relación al gobierno anterior. Así mismo, en el sexenio actual la situación no ha mejorado, pues el promedio diario de desapariciones se incrementó en un 11 por ciento.
Así, se advierte un fenómeno complejo en donde personas son secuestradas, con el objeto de formar parte del crimen organizado, si por alguna razón no se integran a los centros de reclutamiento, entonces, son desaparecidos de manera definitiva.
La situación de este tipo de desapariciones es tan grave que entre 2006 y 2023 se localizaron 5 mil 698 fosas clandestinas de las cuales se destacan 668 ubicadas en Veracruz, 554 en Tamaulipas, 498 en Guerrero 484 en Sinaloa y 415 en Chihuahua. Esto vulnera aún más de los derechos de las víctimas porque existen alrededor de 52 mil cuerpos localizados que no han sido identificados. Así, en el siguiente mapa se registran el total de fosas localizadas en todo el país:
Precisamente por lo anterior, y en atención a las recomendaciones de la ONU, la iniciativa busca tipificar el delito de reclutamiento forzado, teniendo como base la definición que se expresa para este este delito como: “la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años a grupos armados organizados al margen de la ley y/o grupos delictivos organizados que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen”.