La presidencial es una iniciativa incompleta, inequitativa y anti democrática: PAN, PRI, PVEM, MC y PT
Diputados del PAN, PRI, MC, PVEM y PT se pronunciaron en contra de la iniciativa presidencial de reforma electoral a la que calificaron de incompleta, inequitativa y antidemocrática.
Por otra parte la diputada de Morena, María Guadalupe Morales Rubio, de Morena, se manifestó a favor del dictamen, ya que es una respuesta a las demandas y exigencias de la ciudanía que aboga por cambios en el sistema electoral, como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, modificación al proceso de asignación de las diputaciones por representación proporcional, la restructuración de los criterios para la fiscalización y el financiamiento, esta última para evitar que se utilicen recursos de procedencia ilícita.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) adelantó que votarán en contra porque es la primera reforma electoral en la historia de México que se hace sin todos los partidos políticos; asimismo, porque el mayor problema electoral que se tiene en el país es la intervención del crimen organizado en las campañas electorales y no se hace mención de ello ni se discute este tema en la iniciativa.
Del PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez reconoció el esfuerzo que hay detrás de esta propuesta y la visión de Estado con la que la presidenta de la República la ha planteado. Precisó que, a pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, “en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática”.
Pedro Vázquez González, diputado del PT, expresó que no le rehúyen al debate serio y profundo, y están ante una postura en la que todos ganemos, mayorías y minorías.
“En nuestro grupo parlamentario nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo”.
Del PRI, la diputada Abigail Arredondo Ramos se pronunció en contra el dictamen porque no aborda la incursión del crimen organizado ni el financiamiento ilícito de campañas; ni la sobrerrepresentación ni el uso de programas sociales con fines electorales. Señaló que carece de legitimidad porque la iniciativa está impuesta desde el gobierno, sin considerar propuestas de grupos parlamentarios, la opinión de expertos, académicos o de la sociedad.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) planteó que la reducción del financiamiento público para los partidos políticos debe enfocarse a que este sea distribuido con equidad e igualdad; en cuanto a los tiempos en radio y televisión propuso una transformación radical del modelo de comunicación política, así como crear una circunscripción para que las y los migrantes puedan elegir directamente a diez diputados de esta comunidad.
El también diputado de MC, Sergio Gil Rullán, aseveró que la reforma no solo es descafeinada, sino que atiende los recursos ilegales y la violencia en las lecciones; por ello, recomendó construir modificaciones integrales, Añadió que esta discusión debe llevarse con inclusión, “más democracia, menos gasto”.
Comisión de Puntos Constitucionales
El diputado de Morena, Ricardo Rafael Santiago Rodríguez, explicó que se plantea un sistema electoral más democrático, austero y cambia la lógica de la representación, pues busca que el Congreso tenga un vínculo directo con la ciudadanía y que cada curul responda a la voluntad popular, no a acuerdos de cúpula. Además, refuerza la legalidad y cierra la puerta al dinero que corrompe, estableciendo que las aportaciones privadas se realicen solo mediante el sistema financiero.
Fernando Torres Graciano, diputado de PAN, lamentó que esta reforma no haya tenido un diálogo que contribuya a la pluralidad y a la democracia. Estas adecuaciones solo representan una visión, “la cual no es México”. Expresó estar de acuerdo en la reducción del financiamiento a los partidos políticos y revisar la elección de las diputaciones de representación proporcional, por lo que llamó a que se construya el ordenamiento electoral que México merece.
Del PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar dijo que existen aspectos del modelo actual que deben revisarse, entre ellos el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. “Coincidimos en que es pertinente discutir mecanismos que permitan reducirlo, pero también sostenemos que este se debe distribuir de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas para evitar diferencias económicas o que estas se traduzcan en ventajas indebidas durante los procesos electorales”.
Irma Yordana Garay Loredo, diputada del PT, recordó que la reforma política-electoral de 1996 marcó un momento importante en la vida democrática del país, “ya que la democracia no solo se trata de mayorías sino de reconocer la diversidad de pensamientos, ideas y luchas”. Sostuvo que su grupo parlamentario no va a renunciar a las conquistas de las y los fundadores de su partido; está a favor de las minorías” y de que sean representadas en el Congreso, así como de ampliar la democracia sin poner en riesgo sus avances.
En opinión del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) la reforma no nace del diálogo ni del acuerdo entre las fuerzas políticas ni de la exigencia ciudadana sino del poder, y lo que está en riego no es la ley sino la democracia; debilita el pluralismo político cuando las reformas deberían servir para fortalecer la democracia no para concentrar el poder. “Las reglas de la democracia no se cambian para ganar elecciones sino para garantizar elecciones justas”.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) afirmó que la propuesta presidencial es un retroceso pues reduce la representación política y concentra ventajas competitivas en el gobierno y el partido mayoritario; no incluye mecanismos para frenar la incidencia del crimen organizado en los comicios, ni limita la sobrerrepresentación. Subrayó que la legitimidad de las reglas electorales se da cuando las diseñan todos los jugadores y ese es el estándar que la iniciativa presidencial no cumple.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Laura Hernández García expuso que la reforma debió pensar en más democracia, menos gasto y mayor inclusión. Indicó que se menciona a los pueblos afrodescendientes e indígenas, pero deja fuera a personas con discapacidad, personas migrantes y personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Afirmó que es necesario revisar toda la reforma y eliminar la sobrerrepresentación.Lo